Condenados por abuso, maltrato o terrorismo no podrán ejercer el voluntariado

Los condenados en firme por abuso de menores no podrán ser voluntarios en actividades de relación habitual con niños y adolescentes, ni tampoco quienes tengan antecedentes penales no cancelados por violencia machista, tráfico de personas o terrorismo en programas destinados a víctimas de estos delitos.

Lo establece así el proyecto de Ley de Voluntariado, aprobado hoy por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado con una sola enmienda, una transaccional a iniciativa de CiU referida a los plazos en que los profesionales sanitarios pueden participar en emergencias.

Reunida con competencia legislativa delegada (plena), la comisión ha rechazado los cinco vetos presentados (IU, ERC, ICV, PNV y CiU) con el voto en contra del PP y la abstención del PSOE.

Tampoco han salido adelante las 82 enmiendas parciales, todas ellas de la oposición.

El proyecto legislativo ha sido respaldado por dieciséis votos (PP), con cuatro en contra (CiU, PNV, Entesa y Grupo Mixto) y seis abstenciones (PSOE). Ahora pasa al Congreso, que se pronunciará sobre la única enmienda incorporada.

El proyecto regula derechos y deberes de los voluntarios, seis millones de personas de 30.000 entidades sociales, cuya actividad representa cerca del 2 % del PIB y genera 636.000 empleos.

Entiende la acción del voluntariado como «solidaria», «libre» y sin contraprestación económica o material.

Distingue el voluntariado de las becas o cualquier otra actividad análoga cuyo objetivo principal sea la formación, así como de las prácticas no laborales en empresas y las académicas externas.

Diferenciadistintos tipos de voluntariado: social, internacional de cooperación para desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, educativo, sociosanitario, ocio y tiempo libre, comunitario y de protección civil.

Fija las condiciones para que los menores puedan ser voluntarios con la autorización de los padres o tutores y pretende su fomento en universidades y empresas, así como la acreditación, reconocimiento y valoración social de esta actividad.

No podrán ser voluntarios en actividades que supongan contacto habitual con niños y adolescente aquellas personas condenadas en firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores.

Tampoco quienes tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos.

Igualmente no podrán ser voluntarios si se trata de delitos de tráfico ilegal de personas o inmigración clandestina, o por terrorismo en las mismas condiciones.

Debate abierto

Buena parte del debate entre la oposición y el PP, grupo mayoritario, se ha centrado en si el proyecto invade competencias autonómicas y en que no permita un incremento del gasto público.

Por el PP, Coloma Mendiola ha reiterado que es «respetuoso» con la distribución de competencias y ha argumentado que ha sido redactado con «diálogo fluido» y «teniendo en cuenta la opinión» de las comunidades, entidades sociales y voluntarios.

La senadora socialista Encarnación Linares ha entendido la necesidad de actualizar la legislación, pero ha lamentado la «incapacidad» del PP para el consenso.

Ha citado al Consejo Económico y Social para decir que el proyecto es «inviable» sin más gasto, y ha alertado de que el voluntariado no puede servir para sustituir empleo, especialmente en la administración pública.

María Teresa Rivero (Convergencia) ha acusado al PP de poner el partidismo y la ideología «por encima» de los intereses generales y ha insistido en que Cataluña tiene «competencias exclusivas» de voluntariado.

Ester Capella (ERC) ha denunciado que la ley «nada aporta» y supone un modelo «uniforme» del voluntariado, cuando Cataluña tiene uno propio que ha «funcionado».

José María Cazalis (PNV), en términos similares, también ha interpretado que se trata de un nuevo «órdago competencial».

Jordi Guillot (ICV) ha opinado que se trata de una regulación legislativa «impuesta y sin sentido» en pleno verano.