El TSJA archiva por prescripción la causa contra Carmelo Gómez por las nóminas de Mercasevilla

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa seguida contra el diputado del PSOE Carmelo Gómez por el delito de malversación de caudales públicos. También declara extinguida la acción penal por prescripción respecto del otro delito por el que venía siendo investigado por contrato simulado en perjuicio de terceros. De esta manera, el Alto Tribunal Andaluz exonera de cualquier responsabilidad penal al socialista.

La juez Núñez Bolaños pidió el año pasado al TSJA que investigara al parlamentario por el supuesto cobro de una serie de nóminas que percibió como empleado de una sociedad vinculada al conseguidor de los ERE Juan Lanzas. En total, Carmelo Gómez ganó 8.390,55 euros como trabajador en nómina de la empresa Maginae Solutions en la que estuvo dado de alta un total de 133 días en 2007.

La titular del Instrucción 6 de Sevilla tuvo que enviar al alto tribunal andaluz hasta en dos ocasiones la exposición razonada con los motivos que le llevaban a pedir que se investigara al parlamentario después de que el propio TSJA se la devolviera la primera vez por el «déficit argumental».

Núñez Bolaños se apoyaba en la investigación previa que había realizado la magistrada Mercedes Alaya y la UCO para hallar indicios de que esa retribución no correspondía a actividad laboral real alguna sino que a través de facturas falsas se dispusieron de fondos de Mercasevilla para pagar a determinadas personas vinculadas a Lanzas.

Con respecto a esos indicios de malversación de caudales públicos, el TSJA concluye que son poco solventes para mantener imputado o bajo investigación al parlamentario. Así, la sala califica de simple hipótesis excesivamente abierta y carente de elementos de corroboración. Así, explica que Maginae recibía fondos, en cantidad apreciable, no sólo de Mercasevilla sino de otras fuentes y, así mismo, realizaba pagos a diversas personas y empresas, por lo que no se puede entender, a juicio de la sala, que Maginae fuera un mero instrumento para desviar fondos propios de la lonja con el fin de pagarle un sueldo al diputado.

«Entendemos, por el contrario, que la investigación hasta ahora desarrollada, sólo permite presumir que la nómina del señor Gómez se abonó con fondos privados en el seno de relaciones entre particulares (empresa-trabajador)», señala en su resolución el TSJA, descartando así la malversación de dinero público.

La decisión del TSJA viene precedida por la petición, en el mismo sentido, que hizo la Fiscalía Superior de Andalucía hace unas semanas cuando pidió el archivo de las actuaciones por prescripción del delito de simulación de contrato. La sala recuerda que este delito estaba castigado en el momento de ocurrir los hechos (2007) con penas que van de los 12 meses a los cuatro años, con una prescripción de cinco años. Carmelo Gómez comenzó a ser investigado en 2015.

Con respecto al resto de investigados en estas diligencias, y que no están aforados, el TSJA devuelve las actuaciones al juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla para que continúe indagando las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido el resto de investigados entre los que se encuentran el exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García; el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; el conseguidor de los ERE Juan Lanzas o el cuñado de éste, Ismael Sierra.