Tribunales
La Fiscalía pide cinco y cuatro años de prisión por estafar a la Casa de Alba 116.000 euros en naranjas
En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, uno de los tres acusados ha asegurado que «nunca» intentó eludir el pago
El Ministerio Fiscal ha solicitado este miércoles cinco años de prisión para dos de los tres acusados de estafar 116.000 euros al no pagar una remesa de naranjas a una sociedad de la Casa de Alba , y cuatro años para el tercer implicado en la trama, en un juicio que quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Sevilla.
La Fiscalía, que acusa a J. M. L., A. J. C. M. y S. T. B. por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa , mantuvo en sus conclusiones la petición de cinco años de cárcel para los dos primeros, mientras que para el tercero la rebajó a cuatro al estimar la atenuante de drogadicción.
Según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, los acusados eran administradores mancomunados de Zumosur Gestión de Cítricos Industriales y el 26 de marzo del 2012 firmaron un contrato de compraventa de naranjas con Eurotécnica Agraria, presidida entonces por Cayetana Fitz-James Stuart , que emitió facturas por importe de 116.221,43 euros que «resultaron impagadas» porque la sociedad compradora «carecía de toda solvencia».
«Para aparentar solvencia», los encausados aceptaron tres pagarés por valor de 70.000 euros para satisfacer una factura, fechada el 30 de mayo del mismo año, y al aproximarse su vencimiento los sustituyeron por otros tres.
Para la Fiscalía, los tres acusados sabían de la inexistencia de fondos para responder al pago
« A sabiendas de la inexistencia de fondos con los que responder el pago de la deuda, aceptaron los nuevos pagarés» pero hicieron constar los datos de otra empresa, «ficticia y sin actividad a ellos vinculada», llamada Valsur Fruits Gestora de Cítricos, cuyo CIF correspondía a otra sociedad, De Gea Montesa, de la que J. M. L. era administrador único».
Durante el juicio, celebrado este miércoles en la Sección Cuarta de la Audiencia , J. M. L. ha explicado que no sabe «qué es un administrador mancomunado» pero ha admitido que los tres tenían «potestad para firmar» y ha señalado a A. J. C. M. como «el contable». Ha asegurado que «nunca» intentó eludir el pago mientras que el resto de acusados han indicado que desconocían esta deuda al apuntar que, pese a ser socios mancomunados, estaban centrados en otras funciones.
En la vista oral, J.M.L. ha indicado que la empresa de las que los tres encausados eran administradores mancomunados, Zumosur, fue un «referente» en el sector y que debido a la crisis y a que los impagos de sus clientes llegaron a alcanzar «los 1,7 millones de euros» no pudieron responder las obligaciones con sus proveedores si bien se intentó «hasta el último momento».
También ha recordado que las naranjas que compraron «estaban heladas y no eran aptas para el consumo», por lo que «el producto era fraudulento y esa deuda no era deuda», y ha asegurado que fue Euroagraria quien le pidió que los nuevos pagarés fuesen de otra empresa, ya que «no los quería de Zumosur» por pérdida de confianza.
Esta versión fue desmentida por una representante de Euroagraria, quien ha manifestado que se llevó «una sorpresa» al ver que la segunda tanda de pagarés «no era con la misma empresa», aunque también ha admitido que no han aportado el contrato original en esta causa.
Tres millones en productos a la Casa de Alba
J. M. L., por su parte, también ha denunciado que los otros dos acusados están «en contra» de él, aunque «su relación entonces era de odio», y ha insistido varias veces en que Zumosur llegó a comprar productos «a la Duquesa de Alba» por valor de «3 millones de euros» durante «seis o siete años».
A. J. C. M. ha señalado que él llevaba « el trabajo fiscal y el almacén de frutas » y que no tuvo «ningún conocimiento» ni del contrato ni de esos pagarés y sus posteriores impago y sustitución, ya que eran la exmujer de J. M. L. y otro empleado quienes se encargaban de «la cartera de cobros y pagos», aunque estos dos testigos lo señalaron a él como responsable de la contabilidad.
En cuanto a S. T. B., ha indicado que la contabilidad «era cuestión de J. M. L. y su mujer», de la que ya está divorciado, y que él tampoco tuvo conocimiento ni de ese contrato ni de esos pagarés, si bien confesó que recuerda «muy poco» debido a su adicción a la cocaína .
