Audiencia Provincial
La estafa a 44 ancianos en Sevilla en la revisión de gas se queda en un año de cárcel para el dueño de la empresa
Las partes alcanzan un acuerdo y el tribunal impone penas de multa o meses de prisión a los otros diez acusados, que estafaron más de 32.000 euros
La estafa llevada a cabo por una docena de personas contra hasta 44 ancianos , a los que sacaron más de 32.000 euros en falsas «revisiones obligatorias» y otros trabajos en las instalaciones de gas en sus domicilios se ha juzgado este jueves en la Audiencia Provincial de Sevilla, quedando todo en una pena de un año de prisión para R.S.C., el principal acusado y el dueño de la empresa, y penas de multa o meses de cárcel para otros diez.
Este jueves se han sentado en el banquillo de los acusados doce varones por engañar a 44 ancianos, algunos con más de 90 años de edad en el momento de los hechos y fallecidos ya, haciéndoles creer que pertenencían a personal de dos importantes empresas de gas de ámbito nacional para realizar «revisiones obligatorias» en sus casas.
El juicio estaba previsto para celebrarse durante cinco días. Si bien, tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre todas las partes, el tribunal de la Sección Tercera ha dictado «in voce» sentencia firme contra once de los acusados, quedando absuelto uno de ellos al no dirigirse las acusaciones contra él. La Sala ha aceptado la atenuante de las dilaciones indebidas para rebajar las penas, en virtud al acuerdo de conformidad alcanzado por las partes.
Los varones estaban acusados como presuntos autores de delitos de estafa y de intrusismo profesional , solicitando la Fiscalía hasta cinco años de cárcel para el administrador único de la empresa. Aunque finalmente las penas se han establecido entre el año de cárcel y ocho meses de multa para el dueño de la empresa, que tendrá que hacer frente, como responsable civil, al dinero estafado, y multas de dos meses.
El empresario ya aportó en enero de 2013 la cantidad de 10.000 euros como fianza carcelaria. Todas las condenas han quedado suspendidas por un periodo de tres años en función al cumplimiento del pago de las multas y de no delinquir.
Los once condenados han reconocido expresamente los hechos por los que la Fiscalía venía acusándoles. En su relato, el Ministerio Público recoge que, desde marzo hasta diciembre de 2012, el dueño de la empresa, «haciéndose valer de personal, que en muchos casos carecían del certificado de cualificación individual como instalador de gas, y en otros tantos sin estar dados de alta en la Seguridad Social, llevó a cabo la revisión de aparatos e instalaciones en numerosos domicilios de Sevilla.
«Modus operandi»
En la mayoría de las ocasiones, las víctimas eran personas de avanzada edad, algunas con más de 90 años, haciéndoles creer que pertenecía su personal a dos compañías importantes del sector y se trataban de revisiones obligatorias.Con este « modus operandi » llevaron a cabo revisiones cuando todavía no eran las mismas necesarias, por no haber transcurrido el plazo obligatorio para ello, y mediante tal engaño cobraron cantidades superiores a las que hubieran debido por las operaciones realizadas.
Para tal plan estafador, el dueño de la empresa se ayudó de una serie de operarios, quienes «participaron en el engaño» y algunos sin título habilitante para hacer esas revisiones, algo de lo que eran conscientes.
Usaron anagramas en sus uniformes de compañías importantes del sector para dar apariencia de oficialidad, advertían a las víctimas de que tenían que dejarles entrar o les multarían, amenazaban con cortarles el suministro, alertaban de falsos riesgos de sufrir explosiones en sus viviendas, o cobraban por el cambio de piezas que nunca llegaban a efectuar. Estas y otras lindenzas llevaron a cabo los acusados.
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