Loaiza pide amparo a la juez Alaya

Apenas se puede leer. Lo han tapado con pintura, pero aún se percibe de forma clara el lugar donde había mensajes pintados e incluso diferenciar alguno: «La Junta no cumple con los acuerdos» y también «PSOE traidor», entre otros. Son los vestigios de que en aquella nave de la calle Chapistas del polígono industrial Fadricas de San Fernando se impartían cursos de formación a los exdelphis.

Una actividad que se ha puesto en duda al vincularse con el entramado del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, ya que precisamente se subcontrató la prestación de este servicio a varias de sus empresas que están siendo investigadas por la juez Mercedes Alaya por fraude.

Es por ello que el alcalde, José Loaiza, ha remitido un escrito a la juez para que se «meta de lleno» a investigar esta situación en San Fernando, ya que aseguró que hay «donde rascar».

Cabe recordar que dentro del proceso por el fraude de los cursos de formación, Alaya ya ha reclamado a la Junta de Andalucía distinta documentación sobre la disolución de los consorcios escuela. En concreto la certificación del acta del Consejo de Gobierno de 28 de enero de 2014 en la que se acordó la disolución de tres consorcios escuela denominados Forman de Málaga, Formades de Almonte (Huelva) y el Centro de Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando.

El primer edil sustentó sus palabras en una serie de documentos que acaban de llegar al Ayuntamiento de San Fernando y que se corresponden precisamente con la gestión del CTI. Un equipamiento que realizó tales subcontrataciones y que fue cerrado de manera oficial a principios de año y cuyo Consorcio no se ha ni liquidado ni auditado.

De hecho, este proceso se encuentra recurrido por el propio Consistorio ante la Justicia al percibir una serie de irregularidades y al marcharse la Junta sin «dar explicaciones». El Consorcio estaba conformado por la Administración autonómica en un 90% y por la local en un 10%. Al abandonar la Junta las notificaciones, deudas, compromisos de pagos y requerimientos, éstos han pasado al Ayuntamiento, que se ve desbordado.

Ya cuenta con varias reclamaciones de la propia Junta de Andalucía, que iban dirigidas a Empleo (Consejería de la que dependía el centro) para la devolución de una serie de subvenciones por un valor superior a los 2,4 millones de euros. Al parecer se habrían constatado irregularidades a la hora de ejecutar los proyectos para los que el dinero fue consignado debido a la subcontratación de servicios.

«Es decir, que la Junta se reclama a sí misma el dinero porque no ve nada claro lo que se hizo con él. Nosotros no teníamos conocimiento de nada de esto. Lo sabemos porque ahora nos llegan los documentos. Comenzamos a entender por qué la Junta tenía tantas ganas de marcharse y de hacerlo de esa forma. Lo que pretenden es que nosotros nos hagamos cargo de pagar para escurrir el bulto y eso no va a ocurrir», expuso José Loaiza.

También ha llegado un escrito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que se ponga a disposición de la Inspección de Trabajo una copia (con todos sus anexos) del convenio celebrado el 8 de febrero de 2010 entre el consorcio del CTI, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y las entidades Asociación de Empresas Aeronáuticas, Asociación para la Calidad Europea (Inteca) y Asociación para la Sociedad de la Información (Innova) para el alquiler de una nave para impartir cursos de formación dirigidos a los extrabajadores de Delphi. Una nave que está detrás del edificio del CTI y que presenta esos mensajes borrados con pintura.

«Nosotros no sabemos nada al respecto. Si eso es precisamente lo que queremos. Yo también quiero esa copia de ese convenio, porque no lo tenemos. Aquí nos han dejado sin ningún tipo de documentación y nos encontramos con esta situación y lo que queremos es que se aclare, que se aclare todo porque ya decíamos que olía muy mal. Que se aclare y que el que tenga que pagar pues que pague y punto», aseveró Loaiza.

De esta manera, la atención sobre el supuesto fraude se centra en la actividad anexa al CTI y no en los cursos de soldaduras que se prestaba en el centro y que habían alcanzado un alto grado de inserción laboral, por lo que llamó la atención la decisión de su cierre.

El único sin liquidar

Y curioso resulta también que el CTI de San Fernando se vaya a convertir en el único Consorcio de este estilo que existe en Andalucía sin liquidar. Recientemente se ha aprobado por parte de la Administración autonómica la disolución de 11 consorcios de este estilo en toda la región, quedándose fuera el de San Fernando.

Para el regidor resulta evidente que algo hay en el CTI para que se haya llegado a esta situación y para que se castigue a San Fernando «de esta forma» pues en otros municipios los gastos de las disoluciones corren a cargo de la Junta. «Es el caso de Cádiz y la Escuela de Hostelería que se va a hacer, se ha aprobado y la Junta corre con los gastos. Pero aquí no. Aquí pedimos auditar y liquidar las cuentas, se van y nos lo dejan todo y ahora no se disuelve, todo ello resulta cuanto menos paradójico».

Ante la acumulación de despropósitos, desde el Ayuntamiento se decidió acudir a los tribunales e interpuso una denuncia para pedir la nulidad del procedimiento por el que la Junta abandonó el Consorcio del Centro de Formación de Técnicas Industriales sin auditorías ni liquidación de las cuentas. Además solicitará a la Cámara de Cuentas que precisamente haga ese trabajo en todo el recorrido del CTI y se verifique la situación real de un centro que acumula deudas e irregularidades.

No sólo eso sino que el Partido Popular de la ciudad también ha pedido a su grupo a nivel nacional que realice las gestiones pertinentes para que esta situación llegue hasta el Tribunal de Cuentas. Además se ha enviado un escrito solicitando amparo al Defensor del Pueblo, ya que se considera injusto que el Ayuntamiento deba pagar la gestión realizada por otras administraciones.

En ello profundizó el regidor para dejar claro que durante su mandato el Consistorio no ha tenido capacidad de gestión con respecto a estas instalaciones. «Sí es cierto que acudí a los Consejos Rectores pero allí sólo nos daban una memoria de todas las actividades que se habían realizado, nos exponían las inversiones que supuestamente iban a llegar para el otro año y la oferta educativa que se pretendía dar, punto. Los que hacían y deshacían eran los responsables de Empleo y ellos son los que han realizado las subcontrataciones».

Es por ello que el regidor se mostró seguro al afirmar que desde el Gobierno actual «no se tiene ningún miedo. Al contrario, lo que queremos precisamente es eso que se auditen las cuentas y se liquiden. Si se comprueba que alguien ha cometido fraude pues entonces que pague por ello».

Cada mes más deudas

La portavoz socialista, Patricia Cavada, expuso al respecto que si el centro no se ha liquidado ni auditado ha sido «porque el PP no votó para la disolución del Consorcio por lo que la Junta no tuvo más remedio que irse». De esta manera la situación del CTI queda en un limbo extraño puesto que en las naves aún queda material por valor de dos millones de euros y cada mes se suman una media de 20.000 euros a la deuda en diferentes gastos como el alquiler y otros servicios. Actualmente se debe más de 420.000 euros al respecto y el problema es que el conflicto es complicado de resolver.

«El Ayuntamiento en vez de buscar una salida ha judicializado el proceso y ahora hay que esperar a lo que digan los tribunales. Hay que recordar que formaban parte del Consorcio y que también eran responsables de su funcionamiento».