VIvienda

Hasta 160 casas ilegales serán derribadas en El Palmar

La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz de la Junta, Carmen Delgado, señala que «el 99% son viviendas turísticas»

Vivienda prefabricada en El Palmar Antonio vázquez
Jesús Mejías

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El Palmar vive desde hace años una situación delicada en materia de vivienda. Casas ilegales son derribadas ante el enfado de los vecinos nativos de este núcleo urbano perteneciente a Vejer. Pero, ¿Cómo se ha llegado a hasta aquí?. En el año 2019 la Junta de Andalucía firmó un convenio con los ayuntamientos de Conil, Vejer y Barbate ante «la imposibilidad» de los mismos de «controlar el incremento de las viviendas ilegales en sus términos municipales». Una iniciativa que nació de los propios consistorios.

La delegada de Vivienda de la Junta en Cádiz, Carmen Sánchez, explica que «a partir de ese momento hicimos una serie de inspecciones de las que surgieron una serie de expedientes que han ido evolucionando con el tiempo y ahora mismo estamos en el momento en el que estamos», con el derrumbe de estas viviendas.

Desde la Junta tienen controlan «más de 1.500 viviendas» en El Palmar, de las cuáles «160 viviendas se encuentran en una situación ilegal», que no irregular. «Las viviendas ilegales son las que tienen este procedimiento de derrumbe en el que nos encontramos y que van a ser demolidas», mientras que «las irregulares son las que llevan construidas más de seis años y tienen la posibilidad de contar con un plan especial para regularizarla y llevar la normalidad».

El problema de El Palmar no es solo «urbanístico», sino que también «es un problema medioambiental y de seguridad» porque «ahora mismo la mayor parte de las viviendas que se instalan son viviendas prefabricadas, la mayoría no cumplen con la normativa y pueden suponer un peligro porque puede haber un incendio«, pero también «hay un problema medioambiental porque estas viviendas no son autosuficientes y tienen que pinchar para tener agua y también para desalojar todos los residuos que se producen en una casa, se produce una contaminación importantísima en esta zona».

«Todos estos expedientes tienen el mismo recorrido»

Los inspectores de la Junta acuden a una parcela «cuando tú estás moviendo la tierra o cuando estás preparando la capa de hormigón dónde colocar la casa prefabricada». En ese momento «es cuando se precinta, se traslada a la Fiscalía y empieza el procedimiento». La delegada señala que «nos hemos encontrado muchas veces que esos precintos se rompen y se sigue con la instalación de las casas prefabricadas, incluso se alquilan esas viviendas para temas turísticos».

«De estos expedientes que tenemos abiertos casi el 99% son de viviendas turísticas», y hace hincapié en que «no tenemos primeros residentes en estas casas, no estamos echando a la gente de sus casas», y recuerda que la actuación de la Junta comenzó «tras la llamada de emergencia que nos hicieron los ayuntamientos porque en ese momento hubo un boom y lo tenemos que hacer es parar ese boom de viviendas prefabricadas«.

La instalación de una vivienda prefabricada en una parcela de suelo rural o agrario «lleva consigo un procedimiento judicial, que no solamente tiene una sanción administrativa con una cuantía que depende de varios factores, pero también tiene una vía penal con el riesgo de ir a prisión porque este tema es un delito muy grave».

Muchos vecinos de El Palmar se quejan de no poder construir una vivienda en un terreno heredado. Ese es el principal enfado de los herederos de los nativos de El Palmar, pero la delegada es tajante: «Si el terreno es agrícola o rústico, es agrícola o rústico, si tienes suelo urbano puedes construir, pero los suelos tienen su caracterización y hay que respetarlo».

«Todos estos expedientes no han comenzado en el mismo momento, ha habido viviendas que los propios vecinos las han quitado cuando han sido conscientes de la situación, y hay vecinos que quieren llegar hasta la última instancia judicial», de ahí que «haya viviendas que se hayan demolido, de ahí que haya viviendas que se hayan retirado», pero también hay personas que «quieren llegar hasta la última instancia y hemos visto como el otro día, un día antes de la demolición han retirado la vivienda», pero una cosa es clara: «todos estos expedientes tienen el mismo recorrido».

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