Sin rastro de las Zonas de Bajas Emisiones pese a que la normativa ya está en vigor

El objetivo no es otro que reducir las emisiones contaminantes, pero también que haya una mejora en la calidad acústica y que desde los distintos municipios se apueste por la eficiencia energética con la finalidad de reducir el trasporte privado, potenciando el transporte público o el uso de vehículos de movilidad alternativa como por ejemplo la bicicleta o los patinetes eléctricos.

No es una competencia del Gobierno, ni tampoco de la Junta de Andalucía, sino que es la propia administración local, los ayuntamientos, quienes deben establecer las pautas y limitaciones a la circulación de los vehículos.

Serán también los propios consistorios los que deciden qué vehículos pueden transitar por las ZBE, aunque la normativa aprobada por el Gobierno especifica que «cuando se permita el acceso a los vehículos motorizados, se priorizará el acceso de los vehículos CERO emisiones».

Según datos de la DGT, los coches con distintivo B son los más numerosos con un 32,8% de los vehículos matriculados en España, y si sumamos los C la cifra alcanza los 65% del parque automovilístico, por lo que la tónica habitual en los diferentes municipios es la de ser permisivos con los vehículos que pueden entrar en las ZBE por dos motivos principales, el primero, el económico, ya que muchas familias no pueden hacer frente al coste de comprar un nuevo coche, y por otro lado, porque no hay que olvidar que en mayo hay elecciones municipales.

Desde Ecologistas en Acción denuncian que «en El Puerto no hay rastro de ellas», en referencia a las ZBE. Señalan que no existe «señalización, ni normas, ni información a la ciudadanía. O el alcalde desconoce la población de El Puerto o inculpe la Ley con pleno conocimiento».

«El Ayuntamiento de El Puerto tiene perfecta constancia de la obligación de elaborar estos proyectos desde mayo de 2021 tras la entrada en vigor de la Ley de cambio climático y transición energética, donde ya se les advertía que deberían adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana que permitieran reducir las emisiones derivadas del transporte, incluyendo el establecimiento de ZBE, además de las reiteradas ocasiones en las que desde Ecologistas en Acción ya se lo habíamos hecho saber al propio alcalde, del que no hemos recibido ninguna respuesta», afirman.

Recalcan que «en agosto de 2021 se aprobó la Orden TMA/892/2021 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para que los municipios solicitaran ayudas para la implantación de ZBE y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea, contribuyendo a mitigar las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, reducir los niveles de ruido, mejorar la calidad de vida de las ciudades y facilitar el desarrollo de la movilidad activa en los entornos urbanos», y que «todos los municipios de la Bahía se acogieron a estas ayudas, excepto El Puerto que ni tan siquiera se presentó a la convocatoria».

En palabras de los ecologistas, «la falta de actuación en el diseño de ZBE originará consecuencias negativas para El Puerto, como el pago de multas o estar, una vez más, entre las ciudades insensibles al cambio climático y sus consecuencias», y es por ello que «urgen al Ayuntamiento a poner en marcha estas actuaciones, dando cumplimiento a los objetivos de las ZBE».

 Por lo tanto, y para aplicar la normativa, en los próximos meses el Ayuntamiento de El Puerto tendría que presentar las ZBE del municipio, una ley que los conductores deberán seguir a rajatabla sí ni quieren ser sancionados.

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico, en Madrid y Barcelona las sanciones han pasado de 90 euros a los 200 euros, aunque como es habitual, en el momento en el que El Puerto cuente en el futuro con las ZBE, habría, o al menos se entiende así, un pequeño periodo de prueba para informar a los conductores. Por ejemplo, en Ciudad Real las multas se ejecutarán a partir de septiembre y en Badalona no entrarán en vigor hasta 2024.

La sanción genérica por este tipo de infracciones, incluida como grave en la Ley de Tráfico, está fijada en 200 euros, aunque no conlleva la pérdida de puntos de carnet.