Feijóo arranca en Cádiz, cuna del constitucionalismo, su plan de regeneración democrática

En el acto estaban presente, además del presidente, el vicesecretario de Acción Institucional del partido, Esteban González Pons; el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno; el Secretario General, Antonio Repullo; el presidente del PP en la provincia de Cádiz, Bruno García; la presidenta local del PP y delegada del Gobierno de la Junta, Mercedes Colombo; la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez; los diputados nacionales Ignacio Romaní y Pepe Ortiz; la senadora María José García-Pelayo, los alcaldes de Algeciras, El Puerto, Algar, Vejer y Prado del Rey: José Ignacio Landaluce, Germán Beardo, José Carlos Sánchez, Manuel de la Flor y Vanesa Beltrán; además de cargos públicos del partido.

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Desde el PP considera que el país vive una honda crisis institucional protagonizada por el independentismo y el populismo, que están condicionando la gobernabilidad de la Nación e imponiendo su criterio en decisiones clave para el futuro de los españoles.

El plan consta de un total de 60 medidas divididas en cinco grandes bloques. El primero de ellos, según ha explicado Feijóo, incluye actuaciones para proteger la Constitución y la integración territorial del Estado, «como la recuperación del delito de sedición, dejar sin eficacia la reforma del delito de malversación y tipificar el delito de referéndum ilegal».

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El segundo bloque está centrado en el poder legislativoy contempla la limitación del recurso del decreto ley, además de recuperar la periodicidad del Debate sobre el estado de la nación y la creación de una Oficina de Calidad Democrática.

El tercer lugar, el PP propone con este plan una mejora del Gobierno por el que las alcaldías estarán presididas por la candidatura que haya obtenido un mayor respaldo en las urnas. Asimismo, Núñez Feijóo ha propuesto la mejora de la comunicación entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y la prohibición del uso de los recursos públicos para actos de partido.

El presidente de los populares ha hecho también especial hincapié en el cuarto bloque, que consiste en la mejora del poder judicial a través de la «limitación de las puertas giratorias, garantizar la independencia y limitar a cinco años el mandato del Fiscal General del Estado».

Por último, Feijóo ha hecho referencia a actuaciones para recuperar el prestigio de las instituciones con medidas para recuperar la credibilidad de las mismas, citando al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Instituto Nacional de Estadística (INE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o Radio Televisión Española (RTVE).

El líder de los populares se ha aventurado a pronosticar las reacciones del «sanchismo» a estas medidas que propone el PP asegurando que se basarán en el «menosprecio, la descalificación y falsedad», algo que -a su juicio- «no rebela otra cosa que la debilidad y la dependencia de Pedro Sánchez a sus socios».

Para Feijóo, la sociedad española se merece «una democracia de calidad en las instituciones y organismos donde haya una triple garantía: la neutralidad, la pluralidad y la eficacia» porque «los españoles no se merecen un gobierno que les mienta».

Por tanto, el plan tiene como uno de sus objetivos «frenar la erosión de las instituciones y recuperar el sentido de Estado» añadiendo que «este documento que hoy firmamos supone un contrato con nuestro país y una herramienta contra la resignación».

Con la firma de este plan, Feijóo se ha comprometido ponerlo en marcha en sus cien primeros días de Gobierno en la próxima legislatura donde «esperamos que los españoles nos den su apoyo electoral para hacerlo».

El PP resume así las principales medidas incluidas en este plan.

1. Se recuperará el delito de sedición en el Código Penal, se dejará sin efecto la reforma del delito de malversación y se recuperará el delito del referéndum ilegal suprimido en la reforma de la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Penal

2. Se aprobará una reforma urgente de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como ley de 'sólo sí es sí') para recuperar las penas a los agresores sexuales vigentes con anterioridad

3. Se propone una reforma del artículo 180 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada.

4. Se creará una Oficina de calidad legislativa, cuya función principal será asegurar la calidad normativa en todas las fases de tramitación y estará facultada para el seguimiento y evaluación ex post de las leyes, en el que se analizará el cumplimiento sus fines y su impacto social

5. Se limitará el recurso al Real Decreto Ley y se asume la voluntad gubernamental de no incorporar al mismo medidas que no vayan a entrar en vigor de forma inmediata.

6. En aras de la mayor transparencia, se incluirá en las memorias económicas de las leyes el coste estimado que la nueva normativa genera a los ciudadanos, más allá del impacto presupuestario.

7. Se aprobará una regulación específica sobre la periodicidad anual del Debate sobre el Estado de la Nación, que dejará de ser una iniciativa discrecional del Gobierno

8. Se establecerá un régimen de información frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición a quien informará como mínimo una vez durante cada periodo de sesiones acerca de: La celebración de cumbres internacionales, las decisiones sustanciales en Política Exterior y Defensa, el Pacto Antiterrorista, y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

9. Se establecerán por ley pautas para la configuración de gobiernos, a efectos de que respondan a un número razonable y proporcionado de ministerios, altos cargos y asesores

10. Se evitará la celebración de actos partidistas en los viajes institucionales que hayan sido financiados con fondos públicos o en los que se utilicen recursos públicos de cualquier tipo, entre ellos, los vehículos para el desplazamiento

11. Se abrirá un registro sobre el uso del Airbus A310, Dassault Falcon 900 y del helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno.

12. Se realizará una evaluación del sector público que permita tomar conciencia de sus dimensiones y poder plantear una reordenación de la Administración Pública.

13. Se impedirá que puedan ser designados presidentes o directores de los organismos reguladores y autoridades independientes quienes hayan ocupado puestos políticos de representación o hayan sido nombrados miembros del Gobierno de la Nación o de las Comunidades Autónomas o hayan ostentado cargo orgánico en un partido político u organización sindical en los últimos cinco años

14. Se modificará el Artículo 10 de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con la siguiente redacción: Al frente del Organismo existirá un Presidente, que será nombrado entre catedráticos y profesionales de reconocido prestigio.

15. Las encuestas de voto y valoración política del CIS volverán a ser trimestrales y con muestras de 2.500 entrevistas y cuestionarios establecidos y se recuperará la profesionalidad y transparencia de los datos, bajo la exclusiva prioridad de informar y no confundir a la ciudadanía, con especial atención a las encuestas electorales

16. Respecto al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), su director no habrá ocupado cargo político en los cinco años previos a su nombramiento y el candidato deberá acreditar competencia y experiencia en los ámbitos de seguridad, defensa, relaciones internacionales y/o inteligencia

17. En aras de asegurar la independencia y la libertad de expresión en los medios públicos así como de respetar el trabajo de los profesionales promoveremos las decisiones para recuperar la aplicación de estos principios tanto e a RTVE como a la Agencia Efe

18. Se regularán los supuestos de inelegibilidad de los candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional y se aprobarán cambios en el procedimiento de elección o designación de los magistrados.

19. Se establecerá un nuevo régimen jurídico del Fiscal General del Estado cuyo mandato será de 5 años, para desvincularlo del Poder Ejecutivo y dotarle de mayor apariencia de imparcialidad y se eliminará la causa de cese asociada al cese del Gobierno que lo hubiera propuesto

20. Se derogará la reforma que limita las funciones del CGPJ cuando se encuentra en situación de prórroga y se establecerá un nuevo modelo de nombramiento de los vocales del CGPJ por el cual: los doce vocales del turno de procedencia judicial serán elegidos por y entre Jueces y Magistrados y la elección de los ocho vocales del turno de juristas de prestigio por el Congreso y el Senado se realizará entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio en su profesión