Tribunales Cádiz
La Audiencia de Madrid condena a uno de los máximos implicados en el 'caso Bahía Competitiva'
El tribunal determina que una investigación sobre el inspector de Hacienda Joaquín de Arespacochaga que se inició en Cádiz es válida y que los registros que se hicieron no son nulos y lo sentencia a dos años de prisión
El procedimiento sobre el supuesto desvío de 14 millones de euros de ayudas públicas dirigidas a la reindustrialización de Bahía sigue en instrucción tras más de una década. La Audiencia de Cádiz está resolviendo los recursos de las defensas
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Joaquín de Arespacochaga, inspector de Hacienda en excedencia y asesor fiscal, uno de los grandes implicados en el 'caso Bahía Competitiva', a dos años de prisión por varios delitos contra la Hacienda Pública al considerarlo cooperador necesario de otro fraude cometido y admitido por conformidad ante la Fiscalía por José Luis Cotoner, marqués de Bélgida, quien ha aceptado un año y medio de prisión por delitos contra la Hacienda Pública por el impago de 2.954.012 euros al fisco entre 2010 y 2013. Arespacochaga era su asesor y quien, según el fallo, le ayudó en estas prácticas ilícitas.
Esta causa que se ha instruido y juzgado en la capital de España tiene su origen en la investigación de fraude que se abrió sobre este procesado en Cádiz debido a las sospechas sobre el desvío millonario de las ayudas para la reindustrialización de la Bahía y en el que, presuntamente, participó Arespacochaga, y por la que también está procesado.
En el procedimiento por el que ahora ha sido condenado en primera instancia se juzgaba si había colaborado con Cotoner para evadir impuestos fingiendo que residía en Luxemburgo.
El escrito de acusación de la Fiscalía, y admitido por el marqués de Bélgida, señala que José Luis Cotoner dejó de presentar las declaraciones de la Renta de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 «a pesar de que residía permanentemente en territorio español, donde se encontraba el núcleo principal de sus intereses económicos así como sus relaciones económicas y personales más relevantes».
El Ministerio Público sostenía que para desviar ese dinero contó con el asesoramiento de Arespacochaga, «quien realizaba las gestiones correspondientes para obtener formalmente la documentación luxemburguesa que le permitiera simular que no era residente fiscal español».
Según fuentes consultadas, la sentencia de Madrid es un fallo importante como precedente en el 'caso Bahía Competitiva' de Cádiz, el asunto investigado por la Fiscalía Anticorrupción, ya que se ha vuelto a determinar que todas las entradas y registros que se realizaron en el despacho de la capital de Arespacochaga y que se discuten también en la causa gaditana son válidas y no nulas como alegan las defensas. Sobre todo lo relativo a la inspección de los ordenadores y la documentación que se le intervino al asesor.
Validez de los registros
En este sentido, la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, se extiende en explicar la validez de la prueba. Como indica el registro del despacho, ordenado por el juzgado de instrucción gaditano, se efectuó en tiempo y forma sin que se quebrantara el derecho de defensa del investigado. Además, como añade, la intervención estaba justificada, al igual que la inspección de todos los soportes electrónicos realizados. Incluso, matiza el fallo, aunque el acusado no estuvo presente, no era imprescindible y sí estuvo presente una trabajadora como testigo, además del letrado de la Administración de la Justicia como es competente. Tampoco considera el tribunal que se haya quebrantado la cadena de custodia de la prueba.
Hay que recordar que tanto Arespacochaga como Alejandro Dávila Ouviña están considerados por los investigadores como los dos «cerebros» de la trama que logró captar 14 millones de euros en ayudas públicas del Ministerio de Industria destinadas a reflotar a la Bahía de Cádiz. Ellos dos y el padre del asesor fiscal, exalcalde de Madrid, fueron, según se les ha procesado, los presuntos responsables de dirigir una organización criminal, integrada por una veintena de personas, con la que lograron obtener de manera fraudulenta estas subvenciones tanto del Gobierno como de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía.
El 'caso Bahía Competitiva' estalló en la primavera de 2011 y llegó a los juzgados a finales de ese año tras exigir el Ministerio de Industria un justificante y denunciar la Junta un presunto fraude. El 3 de noviembre de 2011 agentes de la Udyco detuvieron en la localidad de A Pobra, en la costa coruñesa, a Dávila Ouviña. En verano de ese año, el BOE hizo pública la resolución de Industria por la cual se ordenaba el reintegro de 14,5 millones de euros concedidos a tres empresas en el marco del Plan Reindus para la creación de actividad empresarial y empleo en la Bahía de Cádiz.
Las tres sociedades que solicitaron ese paquete de ayudas públicas venían del brazo de Ouviña, que no tuvo éxito con la administración gallega pero que logró convencer a los responsables políticos gaditanos para canalizar esas ayudas.
Todo ello se terminará dirimiendo en el juicio que se celebre contra todos los investigados. Dicha vista está aún pendiente de señalarse ya que los múltiples recursos interpuestos por las defensas ha ralentizado todo el procedimiento y en la actualidad la Audiencia Provincial de Cádiz sigue resolviendo dichas alegaciones.
En cuanto a la sentencia de la Audiencia de Madrid no es firme y contra ella cabe recurso.
