El Govern planeaba expropiar las licencias de televisiones estatales
La Guardia Civil incauta una carta preparada para enviar a varios medios tras la secesión
El Govern que presidía Carles Puigdemont planeaba hacer cambios en la concesión de licencias a las televisiones y radios estatales que emiten en Cataluña una vez que se hiciera efectiva la declaración unilateral de independencia (DUI) . Así lo confirma un modelo de carta, incautado por la Guardia Civil, que los independentistas tenían preparado para enviar a los presidentes de Radio Televisión Española, Mediaset, Atresmedia, Cadena Cope, Grupo Prisa, Movistar, Unidad Editorial y el grupo Vocento, al que pertenece ABC.
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Según adelantó ayer «El Confidencial», durante uno de los registros policiales estas misivas aparecieron dentro de un cuaderno que se descubrió en el despacho de Antoni Molons , que entonces era secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Consejería de Presidencia de la Generalitat durante el mandato de Puigdemont. La carta no tiene fecha.
Un informe de la Guardia Civil de mediados de junio concluía que la libreta incautada, en la que aparecieron estas misivas, «recoge una serie de medidas dirigidas a la creación de un Estado catalán y a garantizar el funcionamiento durante la etapa inicial».
La carta comenzaba recordando a los presidente de estos grupos que «Cataluña se ha constituido, por la vía de un proceso democrático, en un nuevo Estado de Europa».
A continuación, se les comunicaba a estos que para «dar seguridad jurídica» y, solamente «de manera provisional», se mantendrían las condiciones que en ese momento regían respecto a la emisión de estos servicios de radio y televisión. Posteriormente, según la misiva, se informaría a los responsables de estos grandes grupos de comunicación estatales sobre cómo se llevaría a cabo el proceso para otorgar de manera definitiva las pertinentes licencias «para prestar los servicios de comunicación audiovisual en Cataluña de acuerdo con el marco jurídico que, en su caso, se pueda determinar».
La Guardia Civil detuvo a Antoni Molons en marzo por su papel en la campaña del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre. Este alto cargo, del PDECat, está imputado por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia dentro de la causa que el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, tiene abierta para investigar los preparativos de la consulta independentista.
En marzo, el Gobierno de Mariano Rajoy –amparado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución– destituyó a Molons de su puesto de secretario de Difusión después de ser detenido por la Guardia Civil en uno de los operativos. Sin embargo, recientemente el Govern independentista que preside Quim Torra, una vez constituido, lo ha recuperado para ocupar el cargo de secretario de Comunicación y Medios de Comunicación de la Generalitat.
Este alto cargo independentista también tenía preparadas otras cartas para enviar tras la declaración unilateral de independencia. Una de ellas, por ejemplo, estaba previsto que fuera recibida por el que era entonces ministro de Industria, Energía y Turismo del gobierno de Rajoy, José Manuel Soria.
Esta misiva contenía lo siguiente. «Apreciado ministro (…) Cataluña dispone ahora de plenas competencias en el ámbito de las telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual, y quería expresarle nuestra más sincera voluntad de colaboración entre los dos países en todo aquello que hace referencia a este marco competencial». Así lo recoge el documento.
Otro informe de la Guardia Civil concluye que, por dónde y a quién se incautaron estos documentos –en el despacho de Molons en el Palau Generalitat– todo apunta a que el objetivo de la independencia del Govern era real y que a este fin se iban a destinar recursos públicos, tanto humanos como económicos.
