El PSOE defiende al PNV y dice estar convencido de que no tiene vínculos con la red de extorsión de ETA

La imputación del dirigente del PNV Gorka Aguirre por colaboración con banda armada fue mal recibida ayer en el PSOE. El portavoz de este partido en el Congreso, Diego López Garrido, salió en defensa del grupo nacionalista y calificó de absurdas las sospechas que han llevado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska a investigar no sólo esta vinculación sino también posibles contactos entre miembros del PSE y el aparato de extorsión de ETA.

«En este momento no se debe poner bajo sospecha a los demócratas; no es el momento de hacerlo, ni ahora ni nunca», reclamó. «El PSE -insistió- ha sufrido enormemente los ataques terroristas, estamos todos en un lado y el único enemigo que tenemos todos los demócratas es el terrorismo».

López Garrido admitió que el Poder Judicial «tenga que solicitar declaraciones para aclarar algunos extremos de investigaciones en marcha», pero dio por hecho que no existe vínculo alguno entre los políticos sobre los que se han abierto las pesquisas y la red etarra. Según confesó, los socialistas no conocen con exactitud los datos que han llevado al magistrado a citar como imputado al jefe de relaciones externas del PNV y como testigo a su ex presidente, Xabier Arzalluz. Sin embargo, se arriesgó a poner la mano en el fuego tanto por el partido en su conjunto como por quienes lo integran. «Tenemos muy claro que ni el PNV, que es un partido democrático, ni sus militantes tienen nada que ver con redes de extorsión», aseveró.

Confianza

Las actuaciones de Grande-Marlaska centraron buena parte de la rueda de prensa ofrecida por el dirigente del PSOE para reclamar de nuevo al PP su «apoyo y confianza» en el proceso de paz abierto tras el alto el fuego de ETA. Pero también se refirió a las cartas de extorsión supuestamente enviadas por la banda con posterioridad al 20 de marzo y los incidentes de violencia callejera de los últimos días; dos indicios de actividad terrorista que, según dio a entender, no condicionarán los planes del presidente del Gobierno, que esta semana podría anunciar la apertura de conversaciones con la banda. «Puede haber determinados casos de acciones violentas, pero si hacemos una valoración global tenemos que decir que nunca hemos estado así en los últimos 40 años», argumentó.

López Garrido recordó que ni siquiera en la tregua de 1998 la situación se asemejaba a la actual en cuanto a ausencia de terrorismo y defendió que hoy se dan las circunstancias para hacer efectiva la resolución aprobada por el Congreso tras el debate sobre el estado de la Nación de 2005. En ella se autorizaba al Gobierno a iniciar un diálogo con ETA si ésta daba muestras inequívocas de su voluntad de abandonar la violencia. Ahora bien, según él mismo señaló, rechazaba también el pago de un precio por dejar las armas.

Por este motivo, echó en cara al principal partido de la oposición su actitud. «Es evidente que nadie va a negociar políticamente con una banda terrorista, es algo que nunca ha estado en la mente de nadie. Por lo tanto, se le pide al PP y Rajoy que colaboren en que se ponga fin al terrorismo, respetando que es el Gobierno quien dirige la lucha antiterrorista», dijo.

Autonomía política

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, fue menos cauto en sus análisis de la actuación del juez Grande-Marlaska. Así, el dirigente de la federación de izquierdas conminó al magistrado a respetar la «autonomía de la política» y argumentó que «si los ciudadanos respaldan el proceso de paz nadie tiene derecho a boicotearlo». «No necesitamos justicieros, lo que necesitamos es ciudadanos que hagan su trabajo: los políticos el suyo y los jueces también, pero en ningún caso necesitamos ni la intromisión, ni la injerencia, ni la subordinación de la política a lo que podríamos considerar, no el Estado de Derecho, sino el Estado de derechas», agregó.

Llamazares hizo además un nuevo llamamiento a José Luis Rodríguez Zapatero para que comparezca «cuanto antes» en el Parlamento e inicie el «proceso de paz y la normalización política» en el País Vasco. A su juicio, la comunicación resulta urgente por el ambiente creado en el último mes tras el distanciamiento del PP. «Un partido que quiere imponer una dialéctica de vencedores y vencidos, cuando lo que quieren la inmensa mayoría de los españoles es la paz», afirmó.