Golpe al expolio submarino

La mayor concentración de bienes arqueológicos sumergidos se encuentra en la costa atlántica andaluza. Solamente en el Golfo de Cádiz entre los años 1.500 y 1.820, hay documentados 720 hundimientos. De ellos, desde Tarifa hasta Ayamonte, se han cuantificado 170 barcos cargados de tesoros (oro, plata, perlas y esmeraldas) que podrían albergar una carga de 24.000 millones de euros (4 billones de pesetas). Atractivos datos aportados por la Asociación de Rescate de Galeones Españoles -integrada por historiadores, marinos y arqueólogos subacuáticos- que no dejan de ser un enorme reclamo para los cazatesoros de todo el mundo.

La Guardia Civil, en colaboración con la Consejería de Cultura de la Junta a través del Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz (CAS), ha desmantelado recientemente una red internacional dedicada al expolio de restos arqueológicos submarinos que actuaba en el litoral de Cádiz y Huelva.

Ayer, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo, la delegada provincial de Cultura, Bibiana Aído, el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Antonio Dichas, y la directora del CAS, Carmen García Rivera, presentaron en el Balneario de la Palma los resultados de esta importante operación y mostraron el material intervenido.

La operación, bautizada con el nombre de Bahía y dividida en dos fases de actuación, se cerró con la detención de doce personas -ciudadanos españoles, americanos e italianos- en distintos puntos de España y la incautación de complejos dispositivos para la localización de pecios y la extracción de restos arqueológicos, además de armas de guerra y una extensa documentación sacada de la Biblioteca Nacional y del Archivo de Indias. Asimismo, se requisaron dos barcos, distintas piezas arqueológicas extraídas del fondo marino y abundante instrumental para las inmersiones (como botellas de oxígeno con doble fondo para esconder los hallazgos). Material conseguido en registros efectuados en las provincias de Sevilla, Madrid, Cádiz (Algeciras) y Murcia.

Entre los detenidos, se encuentran los encargados de abrir las distintas líneas de búsqueda de pecios, así como de conseguir los permisos oficiales para encubrir los saqueos: un estadounidense de 50 años -supuesto cabecilla de la red, localizado en Lisboa- , un historiador italiano, un submarinista profesional y algunos de los contactos que éstos tenían con las redes de expoliadores americanos.

Sofisticada tecnología

Formaban parte del equipo instrumental de estos piratas del siglo XXI sensores de sónar de barrido lateral, que mediante la emisión de ondas acústicas permiten obtener una imagen del fondo marino; magnetómetros, que detectan masas de hierro; detectores de metales de tierra y agua; un dispositivo portátil, que a través del barrido de frecuencias permite localizar oro, bronce, plata...

Una sofisticada tecnología, ahora a disposición judicial, que contrasta con el escaso número y valor de los restos arqueológicos confiscados: municiones de Época Moderna, saquetes de metralla, anclas de piedra y la boca de un contenedor cerámico.

En cualquier caso, todavía se continúa estudiando la documentación intervenida y se cree que los cazatesoros no llegaron a dar con sus preciados objetivos: la urca Nuestra Señora de la Victoria y el galeón San Francisco Javier, naufragados el 19 de septiembre de 1.656 en aguas de Cádiz a consecuencia de un combate naval librado contra una escuadra inglesa a su regreso de América; y las naos Santa Cruz y La Vera Cruz, que se hundieron al sur de Conil de la Frontera en 1.555 y 1.611, respectivamente, con sendos cargamentos de metales preciosos procedentes de Las Indias.

'Modus operandi'

La organización se apoyaba en empresas legales constituidas en terceros países, para solicitar los permisos oficiales de manera legal. En algunas ocasiones eran solicitudes para la búsqueda de sedimentos marinos, aunque en realidad lo que estaban haciendo eran catas para futuros saqueos.

Los integrantes de la red contaban con el inestimable trabajo de historiadores como Claudio B., investigador italiano residente en Sevilla, que buscaba en los fondos del Archivo General de Indias las referencias de naufragios. En su poder se ha encontrado un completísimo fichero de barcos hundidos que el CAS está estudiando.

Fotocopias de grabados, mapas y documentos de archivo les ponían en la pista de los yacimientos, que luego localizaban con GPS.

Gracias a la información requisada en el buque Louisa, atracado en El Puerto de Santa María, se sabe que venían trabajando en aguas gaditanas al menos desde agosto de 2004. Pero no fue hasta un año después cuando el CAS comenzó a recibir multitud de avisos de buceadores deportivos y ciudadanos en general denunciando la presencia de embarcaciones de actividad sospechosa. La Consejería de Cultura pidió entonces a la Guardia Civil que investigara.

Ahora, con la operación ya cerrada, Cuerpo de Seguridad y Administración se muestran satisfechos por el éxito de su trabajo conjunto, así como de la colaboración ciudadana. Por su parte, la directora del CAS lamenta «la destrucción del contexto arqueológico, que nunca podrá recuperarse». A su juicio, «la riqueza de los yacimientos está en función de la información que proporciona, no en su valor económico», lo contrario que pensaban estos cazatesoros.