DEPORTE. La dehesa de Montenmedio acoge el Circuito Hípico del Sol. / ROMÁN RÍOS
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El presidente de Montenmedio augura una crisis económica en La Janda si se demuele el complejo

Ibercompra presenta un recurso de casación para evitar el derribo La CEC pide a la Junta una especial consideración para el enclave

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«Nadie ha dicho que vayan a demoler Montenmedio, porque nosotros recurriremos hasta las últimas consecuencias». Éstas fueron las primeras palabras del presidente del complejo deportivo y de ocio, Antonio Blázquez, tras conocerse la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que rechaza su recurso de súplica y se ordena de nuevo la demolición de su casa-club en el plazo de dos meses. Una decisión de la que advierte de su repercusión en la economía de la zona, ya que «no sólo tenemos 150 personas trabajando y está en juego el futuro de muchas familias, sino que de nosotros dependen muchos hoteles y restaurantes, por lo que si finalmente consiguen el derribo, se producirá un enorme agujero en La Janda».

Ibercompra, al igual que ya ha hecho el Ayuntamiento de Barbate, presentó el pasado 31 de mayo un recurso de casación ante el TSJA, ya que entienden que el fallo judicial se sostiene en una primera licencia concedida para la construcción del edificio y no en una segunda, que no ha sido recurrida judicialmente hasta ahora.En defensa de Montenmedio también se pronunció ayer la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC), que mostró su «preocupación» por una decisión «injusta» y de «negativas consecuencias» para el desarrollo socioeconómico de la zona. Desde el «más absoluto respeto» hacia las decisiones judiciales, la CEC solicitó a la Junta una «especial consideración». Por su parte, la consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, insistió en que esta resolución es por el criterio que «desde siempre» ha mantenido la Junta de que cuando hay una licencia ilegal «lógicamente se va a los tribunales» y subrayó que si éstos determinan que la casa club es ilegal, «hay que restaurar la situación o el territorio alterado».

A nivel político, desde el PP, su presidente provincial, Antonio Sanz, afirmó que la Junta no puede dar ejemplo con esta sentencia, ya que «es la máxima responsable de lo que fue aprobado por su propio partido, porque fue un plan especial que aprobó el PSOE», lo que confiere a este partido su condición de «rehén de su irresponsabilidad y contradicciones».