El Supremo impide a la Generalitat llamar a la participación en el referéndum

El Tribunal Supremo ratificó ayer que la Generalitat no puede alentar la participación en el referéndum del 'Estatut' que se celebrará el próximo 18 de junio. Los magistrados han rechazado el recurso del Ejecutivo autonómico en contra de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que prohibió al Gobierno catalán hacer campaña para incentivar la participación ciudadana en la consulta.

El tribunal sostiene que los anuncios previstos vulneraban la «neutralidad de los poderes públicos», ya que la abstención también es una opción política.

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal, con un voto particular en contra, desestima la petición del Gobierno de Pasqual Maragall, que reclamó la suspensión del acuerdo de la JEC que el pasado 24 de mayo dio la razón al Partido Popular y a Esquerra Republicana de Catalunya.

La Junta decidió entonces que el artículo 50.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral es de «aplicación directa» a la campaña institucional sobre el referéndum, por lo que «dicha campaña habrá de limitarse exclusivamente a facilitar a los ciudadanos información sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámites del voto por correo».

La Generalitat impugnó este acuerdo al entender que «impedía llevar cabo una campaña que tenga por objeto incentivar o fomentar que los ciudadanos vayan a votar». Pero los magistrados del Supremo sostienen que el legislador reformó la Ley Electoral en 1994 para prohibir que las instituciones hagan campañas para animar a acudir a las urnas.

Abstención legítima

El alto tribunal entiende que es «legítima cualquier forma de participación política en la consulta, incluida la abstención», y por eso insiste en que «el derecho de participación política consagrado en el artículo 23 de nuestra norma constitucional requiere la neutralidad de los poderes públicos».

Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, la prohibición de una campaña institucional como la que la Generalitat tenía prevista no impide en modo alguno que «los ciudadanos conozcan el Estatuto que van a votar», pues el contenido de ese texto ha sido ampliamente difundido por medios de comunicación públicos y privados.