Fachada principal de la Audiencia Provincial que acogerá el juicio de la trama china. / ANTONIO VÁZQUEZ
TEMAS DEL DÍA

El inicio del juicio por la trama china comenzará el próximo 20 de junio en la Audiencia

Tres personas están acusadas de facilitar empadronamientos de ciudadanos chinos para que obtuvieran los papeles El fiscal pide cinco años de prisión e inhabilitación especial para un ex funcionario del Ayuntamiento de Cádiz

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Las partes implicadas en el conocido caso denominado trama china ya tienen una fecha más que apuntar en sus respectivas agendas. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha designado el martes 20 de junio para el inicio de un juicio que sentará en el banquillo a tres personas acusadas de facilitar certificados de empadronamientos falsos a ciudadanos chinos, con el fin de que los inmigrantes entraran en el proceso de regularización iniciado el 21 de marzo del año 2000.

El fiscal competente en el proceso judicial, Ángel Núñez, confirmó esta cita esperada después de que hayan transcurrido seis años de las primeras detenciones. Los tres acusados, que se enfrentan a peticiones de penas de prisión que van de los tres a los cinco años, son: un antiguo funcionario del Ayuntamiento de Cádiz, José Antonio Gómez Castro y dos colaboradores de éste, Manuel Bueno Grimaldi y un ciudadano chino de nombre Shaoxiong Zhou.

Al primero, para el que el Ministerio Fiscal solicita la pena mayor (cinco años de presidio y de inhabilitación especial) se le considera la persona que aprovechó su puesto en el Negociado de Estadística del Consistorio gaditano para dar el visto bueno a los certificados falsos. En el escrito de calificación del fiscal, éste menciona incluso como llegó a falsificar la firma de su jefa y del concejal responsable en esas fechas, Enrique García Agulló.

El otro acusado de nacionalidad española, Bueno Grimaldi, era el encargado supuestamente de acompañar en los trámites a los extranjeros por las distintas oficinas municipales, les ayudaba a rellenar las hojas de empadronamiento o incluso lo hacía él mismo. En el relato de los hechos que se van a enjuiciar, el fiscal Ángel Núñez describe como Manuel Bueno trataba siempre con el ex funcionario para no levantar sospechas.

La tercera pieza de esta trama la constituye Shaoxiong Zhou, que tenía las labores de captación de clientes. Era la persona responsable de contactar con los ciudadanos chinos. Les pedía una fotocopia del pasaporte para iniciar los trámites y no les exigía la firma de los formularios porque era un requisito que el antiguo trabajador del Ayuntamiento obviaría.

Hasta 35 en una casa

Cuando la investigación salió a la luz y se procedió a las detenciones se conocieron detalles que dieron al caso tintes surrealistas. Shaoxiong Zhou autorizó el empadronamiento de numerosas personas en su domicilio aunque a muchos de ellos no los conocía; de tal manera que el engaño fue muy evidente al detectarse que había hasta 35 personas que supuestamente residían en el mismo domicilio.

La Fiscalía entiende que los tres acusados fueron los que diseñaron el plan para la obtención de los permisos de residencia y trabajo vía proceso de regularización. Para los dos colaboradores de José Antonio Gómez, el Ministerio Público solicita tres años de cárcel. El Ayuntamiento, que se ha personado en el procedimiento, pide las mismas penas, salvo en el caso del ciudadano chino para el que no se le reclama ninguna responsabilidad penal.

La revisión de los distintos expedientes emitidos por el funcionario implicado permitió descubrir la existencia de 66 certificados falsos. En todos ellos aparece una fecha de estancia en el estado español antes del 1 de junio, que fue la fecha tope fijada por el Gobierno central para admitir las peticiones de regularización. Pero la realidad era otra, y es que estos extranjeros realmente llevaban empadronados desde el año 2000.

La primera consecuencia de este escándalo fue el despido de José Antonio Gómez. El acusado lo denunció pero no obtuvo el respaldo ni en primera instancia ni ante el Tribunal Superior.