Interior refuerza el control sobre los presos terroristas

El Ministerio del Interior ha reforzado en las últimas semanas el control sobre todos los reclusos terroristas de las cárceles españolas (etarras e islamistas) para conocer sus movimientos dentro de prisión y comprobar su evolución. La directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha remitido una circular a los 66 centros dependientes de la Administración central en la que reestructura el llamado Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), que recoge datos privados sobre la vida en la cárcel de los internos de bandas armadas y otras organizaciones criminales, para autorizar en la práctica la intervención de todo tipo de comunicaciones de supuestos terroristas o de reclusos que simplemente se relaciones con ellos o que muestren «afinidad a su ideario».

Antes del alto el fuego

La circular 6/2006, denominada Protocolo de Actuación en Materia de Seguridad, fue elaborada por la propia Gallizo el 22 de febrero, un mes antes de la declaración del alto el fuego de ETA, aunque comenzó a distribuirse en las prisiones algún tiempo después.

En el apartado denominado FIES-3, 'Bandas Armadas', se ordena a los directores de las prisiones que sometan a «especial seguimiento» no sólo a «todos aquellos internos ingresados por vinculación a bandas armadas o elementos terroristas», sino a cualquier preso que «colabore o apoye a estos grupos» dentro de la cárcel. Interior establece que bastará un «informe de las fuerzas de Seguridad» sobre la supuesta relación de un preso común con algún miembro de un colectivo terrorista para incluirle en el FIES.

Actividades del preso

La entrada en este fichero supone la supervisión detallada de todas las actividades del preso, sus relaciones con otros internos, el control de sus visitas y de las conversaciones con sus familiares, la intervención de sus comunicaciones con el exterior, además del registro regular de su celda y pertenencias.

La directora general de Prisiones justifica este endurecimiento del control por el «necesario seguimiento especial de internos pertenecientes a bandas terroristas» y con el fin de mantener el orden dentro de las prisiones «frente a fórmulas delictivas altamente complejas y potencialmente desestabilizadoras del sistema penitenciario». Además, Gallizo insiste en la «necesidad» de la Administración de «disponer de una amplia información sobre determinados grupos de internos de alta peligrosidad» y defiende la siempre cuestionada legalidad del FIES, que, a su juicio, «es plenamente ajustado al ordenamiento jurídico vigente».

En ese sentido, recuerda a los directores de los centros que la inclusión este fichero, con la consiguiente restricción de los derechos de los internos, debe regirse por los principios de «necesidad y proporcionalidad» y siempre «con respecto a la dignidad y a los derechos fundamentales».