El nuevo Palacio de Justicia se podrá construir en La Magdalena

El Ayuntamiento de San Fernando ha dado un paso más en la batalla burocrática que mantiene con la consejería de Justicia por la construcción en la ciudad de unos nuevos juzgados al afirmar que el suelo municipal cedido en la avenida San Juan Bosco, cerca de La Magdalena, puede ser utilizado para tal fin, a pesar de estar destinado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para una estación de autobuses.

La Junta prometió hace ya algunos años la edificación de un nuevo Palacio de Justicia que evitara a los isleños sufrir los numerosos desperfectos que padece el actual edificio judicial situado en la plaza de San José, pero los constantes desacuerdos entre el gobierno autonómico y el Ayuntamiento en cuanto a la cesión de los terrenos para la construcción del edificio mantiene paralizado el proyecto.

El equipo de Gobierno cedió una parcela en la avenida San Juan Bosco en 2002, que la Junta rechazó al comprobar que su catalogación urbanística no era de «equipamiento» sino de «sistema general». Sin embargo, el Consistorio asegura, y así se lo ha hecho llegar a la Junta, que es posible reinterpretar el uso del suelo si «resultan más favorables para la colectividad» y, por tanto, ceder ese suelo para la construcción del nuevo Palacio de Justicia.

Quejas constantes

Además, el portavoz del equipo de Gobierno andalucista, Francisco José Romero, ha adelantado que en el nuevo PGOU, cuya aprobación inicial se llevará al próximo Pleno, ya recoge la parcela ofrecida a la Junta como de equipamiento. «El Ayuntamiento es sin duda la administración que más interés ha puesto y está poniendo para que San Fernando pueda contar con un nuevo palacio judicial, con unas instalaciones modernas adecuadas a las exigencias de una población de casi 100.000 habitantes y por eso hacemos la interpretación del PGOU más favorable para los intereses generales», indicó Romero.

El lamentable estado de conservación, con archivos apilados en espacios destinados en un principio a otros usos como lavabos o escaleras, ha provocado en numerosas ocasiones las protestas de los propios funcionarios que trabajan en los juzgados isleños. Una situación, que según el portavoz municipal, debe ser solucionada con la mayor prontitud. «Defendemos que el personal que presta sus servicios en la palacio de Justicia lo hagan en condiciones dignas de trabajo y con las condiciones que garanticen la eficacia y eficiencia necesarias que el ciudadano merece», explicó Romero, quien pidió que la Junta incluya una partida económica para la construcción de la nueva sede judicial en los presupuestos del próximo año.