Los populares recurren ante el Tribunal Constitucional la Ley Audiovisual catalana

El PP presentó ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Audiovisual de Cataluña. El principal grupo de la oposición considera que 50 de sus artículos vulneran al menos diez apartados de la Carta Magna. El PP alega en el recurso que la Administración catalana quiere controlar políticamente los medios de comunicación, y ofrece como ejemplo el hecho de que «se arroga la potestad de cierre definitivo de una emisora», en referencia a la cadena Cope. Según sus argumentos, pretenden «arrinconar al castellano y reducirlo a la mínima expresión» en el ámbito audiovisual.

El PP de Cataluña ya había solicitado un dictamen del Consell Consultiu de la Generalitat sobre la supuesta inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la citada ley catalana, pero en diciembre del año pasado retiró su solicitud por entender que no iba a prosperar. Para el PP, uno de los artículos más polémicos es el apartado de sanciones, que establece el principio de ofrecer una información veraz y sanciona con 300.000 euros y tres meses de suspensión a los medios que no cumplan con esta norma.

Lengua e igualdad

Los populares denuncian que la Ley Audiovisual catalana vulnera claramente el artículo 3 de la Constitución, que consagra al castellano como lengua oficial del Estado; el artículo 14, que estipula la igualdad de los españoles ante la ley; el 20, relacionado con la libertad de información y de expresión; el 25, que regula la legalidad y proporcionalidad de las sanciones, y el 81, que reserva la facultad de elaboración de leyes orgánicas al Estado.

Para el PP, el objetivo de crear un «espacio de comunicación audiovisual» propio para Cataluña no es otro que el intento de la Generalitat de invadir «espacios de libertad garantizados por la Constitución a la sociedad civil catalana y española».

En este sentido, los populares critican al Gobierno de Pasqual Maragall porque asume poderes «desproporcionados» que son competencias del Estado y se arroga la capacidad de definir conceptos como veracidad, pluralismo, normalidad lingüística y desarrollo de derechos fundamentales que van en contra de la Constitución.