Medio Ambiente demolió 9 construcciones ilegales en el litoral andaluz en dos años

El Ministerio de Medio Ambiente ha emprendido desde el año 2004 nueve actuaciones de demolición en la aplicación de la Ley de Costas en terrenos del litoral andaluz, que abarcan desde chiringuitos de playa y edificios hasta un invernadero en Granada. Según fuentes de la Dirección General de Costas, estas actuaciones, que en Andalucía se centran en Cádiz, Málaga, Granada y Almería, se engloban dentro de un largo proceso de expropiaciones cuyo fin es recuperar un entorno paisajístico y significativos valores naturales.

En la provincia de Cádiz, se procedió a la demolición de la venta La Gallega, en la playa de Torregorda, en marzo de 2005. En la provincia de Málaga, en 2004 se derribaron los chiringuitos de Nerja y del Hotel Marenostrum en Fuengirola, así como los del Hotel Flamingo (Estepona) y el SILK (Marbella), en 2005.

En Granada estas actuaciones se centraron en un invernadero en El Pozuelo (Albuñol), en 2004 y un pub en La Rábita y un cerramiento para tránsito en Torrenueva, en 2005. La única iniciativa desarrollada en la provincia de Almería, fue la demolición del edificio Genoveses en San José (Níjar) el pasado año

En todo el litoral español, Medio Ambiente ha tramitado el derribo de 63 edificaciones que violaban la Ley de Costas -no permite, entre otras cosas, construir a 100 metros desde la ribera del mar- y mantiene actualmente «muchos más procesos abiertos», según el director general de Costas, José Fernández. Las actuaciones más numerosas tuvieron lugar en Alicante y Murcia, en la costa mediterránea, y La Coruña y Pontevedra en el litoral atlántico. Según el titular de Costas los casos abiertos que están en proceso de resolverse son más numerosos que los 63 solventados desde abril de 2004.

Proceso de deslinde

Junto al derribo de edificaciones ilegales, otra de las medidas de Medio Ambiente para recuperar zonas costeras para uso público es el deslinde del litoral. Este procedimiento ha permitido al Estado recuperar 800 kilómetros de costa desde hace dos años, para incorporarlos al uso público y facilitar así el libre acceso a aquellos lugares donde se ha producido una invasión privada.