Los límites del precio político

Las palabras nunca hacen Historia: hacen literatura, filosofía, política. La Historia la hacen los hechos. Así que resulta ocioso recurrir a la hermenéutica para descifrar si la diferencia entre tregua y alto el fuego hace más esperanzador el comunicado de ETA que ayer conmocionó a las gentes y descolocó a muchos políticos entre la euforia voluntarista y la desconfianza estratégica. Es esperanzador que ese comunicado contenga expresiones como que asegura la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas. Pero no lo es la alusión a que sean reconocidos «los derechos que como Pueblo nos corresponden» porque el Derecho es de los ciudadanos y no de los pueblos, y ese derecho sólo incluye la autodeterminación en el caso de los pueblos colonizados. Es plausible que ETA anuncie que seguirá dando pasos en el futuro en la misma dirección. Pero no lo es que el cese de la violencia, sin referencia a la entrega de las armas, se llame proceso de paz, porque aquí no se dispara por los dos bandos: no se debe llamar superación del conflicto a una pretensión de que España y Francia reconozcan los resultados de lo que ETA llama proceso democrático.

Lo que importa ahora es tener presente los límites del precio político asumible. En un Estado de Derecho el poder legislativo puede actualizar la Ley de Partidos y algunas normas no para que actúen con carácter retroactivo sino para que sean aplicadas a quienes aún deben enfrentarse a juicios; el poder judicial no puede dictar sentencias en términos de generosidad, pero sí revisar los criterios de ilegalización en ausencia de violencia; el poder ejecutivo a través de las fuerzas de seguridad del Estado y las instituciones penitenciarias puede aplicar medidas de distensión como la aproximación de presos, la expatriación o los beneficios por arrepentimiento, sin que ello suponga abandonar las investigaciones ni signifique nada parecido al indulto o la amnistía. Esa es la difícil tarea que queda por delante.