Jueces y fiscales muestran su "preocupación y rechazo" ante la imposición del catalán

Las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD) y Francisco de Vitoria (AJFV) han mostrado hoy su "preocupación y rechazo" ante la exigencia del conocimiento del catalán como requisito para ejercer en esta comunidad autónoma. También la Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han manifestado su oposición a que el conocimiento del catalán sea obligatorio para desempeñar sus funciones en ese territorio, aunque defiendan su consideración como mérito.

El artículo 33 del proyecto de Estatuto de Cataluña, pactado ayer por PSOE y CiU, establece que, para garantizar el derecho de los ciudadanos a utilizar su lengua en sus relaciones con la Justicia, los jueces y fiscales que presten allí sus servicios "deben acreditar, en la forma establecida en las leyes, que tienen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales".

En un comunicado conjunto, las tres asociaciones afirman que el texto "invade el ámbito material de competencias reservado a la Ley Orgánica del Poder Judicial" y dicen que el derecho de los catalanes a hablar su lengua "no exige tal requisito, y se encuentra plenamente garantizado por el régimen legal y reglamentario que regula la utilización de las lenguas cooficiales". Las asociaciones recuerdan, además, que el conocimiento de esas lenguas "puede ser contemplado como mérito para el acceso a determinados cargos judiciales de nombramiento discrecional en la Comunidad Autónoma de que se trate".

El portavoz de la APM, Antonio García, ha declarado que el texto del Estatuto, pactado por el PSOE y CiU, "es un atentado contra el carácter de cuerpo único y nacional" de jueces y fiscales y "un ataque al principio de igualdad". "Se han confirmado nuestros peores augurios", según García, quien añadió que el acuerdo "es propio de componendas políticas basadas en el principio de oportunidad". El representante de la APM ha acusado al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, de "faltar a su palabra" y ha manifestado que el deber de conocer el catalán no redundará en un mejor servicio a los ciudadanos, sino que provocará "un auténtico caos, porque no habrá jueces suficientes para ejercer en Cataluña, el País Vasco, Galicia, Valencia y las islas Baleares".

"Supone la ruptura del régimen jurídico único" de la judicatura

Por su parte, el portavoz de la AF, Guillermo García-Panasco, ha dicho también que el establecimiento del conocimiento del catalán como requisito "supone la ruptura del régimen jurídico único" de la judicatura y dificultaría que las vacantes que existen en Cataluña pudieran cubrirse. García-Panasco ha señalado que el sistema actual, que valora como mérito el conocimiento de las lenguas autonómicas, "es más que suficiente".

También el portavoz de JpD, Edmundo Rodríguez, ha defendido el sistema actual, e incluso se ha mostrado partidario de que la Administración de Justicia "continúe esforzándose" para que los ciudadanos de Cataluña puedan hablar su lengua también en los tribunales "sin necesidad de intermediarios". Rodríguez señalaba, sin embargo, que "no es aceptable" que el conocimiento del catalán se constituya en requisito.

En la misma línea, el portavoz de la UPF, Eduardo Esteban, ha sostenido que el conocimiento de las lenguas cooficiales debe ser regulado mejor y que deben darse facilidades a los jueces y fiscales que ejercen su función en Cataluña y otras comunidades para que aprendan el idioma propio de esos territorios. Esteban recordaba, no obstante, que la necesidad de acreditar "un nivel de conocimiento adecuado y suficiente" de las lenguas oficiales deberá ser regulado por el Consejo General del Poder Judicial, en el caso de los jueces, y por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el de los fiscales.