Chaves acusa al PP de hacer anticatalanismo ante las reformas de los estatutos

La primera sesión de control al Gobierno andaluz en el presente curso político tuvo un denominador común: El Estatuto de Cataluña y sus posibles consecuencias para Andalucía. Esta fue la base de sendas preguntas que le realizaron ayer al presidente Manuel Chaves las portavoces de PP y PA, Teófila Martínez y Pilar González, respectivamente. «Ni agravio ni discriminación», repitió Chaves durante sus intervenciones. El gobernante andaluz reclama rigor para un debate en el que sus detractores aún no le han señalado ningún artículo concreto del Estatut donde se refleje un perjuicio para nuestra comunidad autónoma.

Chaves encaminó sus explicaciones por la senda del modelo económico -el más cuestionado desde los bancos de la oposición- y destacó que la cesión del 50 por ciento del IRPF y del IVA a las comunidades autónomas es una propuesta andaluza, a la que se ha unido el traspaso del 58 por ciento de lo obtenido mediante los denominados impuestos especiales. En este punto retó a populares y andalucistas a que especificaran qué aspecto de este modelo ven dañino para Andalucía.

Teófila Martínez, por su parte, habló de desvergüenza política por parte de los socialistas, cuyos representantes habrían afirmado en la pasada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que desconocían los términos del acuerdo firmado entre Zapatero y Artur Mas, líder de CÍU, sobre la fórmula de financiación catalana. La portavoz popular indicó que es imposible que todos ganen con este modelo, tal y como defiende el PSOE, porque los nacionalistas catalanes se han jactado de mantener los privilegios económicos para su territorio.

Rechazos de la Cámara

Sobre este asunto, el pleno del Parlamento rechazó, con los votos del PSOE, IULV-CA y PA, una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en la que demanda a la Junta que rechace «por inconstitucional» el acuerdo entre Moncloa y CiU al entender que supone un «ataque frontal» al artículo 138 de la Constitución, donde se señala que las diferencias entre los estatutos de las comunidades «no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».

Asimismo, la Cámara rechazó demandar a la Junta que exija que cualquier modificación del sistema de financiación autonómica que pretenda llevarse a cabo con el consenso de todas las regiones, incluida Andalucía, y en el seno del CPFF.

Por su parte, Chaves contraatacó acusando a los populares de querer hacer de Cataluña un problema, lo que supone alimentar la división de España a través de campañas con fines anticatalanistas y les echó en cara que se hayan olvidado del 1,5 millón de andaluces que viven en Cataluña. Aseguró, asimismo, que la financiación de Cataluña nunca se cerrará de forma bilateral, sino que será un acuerdo consensuado por todas las comunidades representadas en el CPFF, por lo que se basará en los principios de la igualdad de todos los españoles.

Ante esto, Pilar González dejó clara la postura de su partido: Cataluña gana más que Andalucía, porque araña para su Estatuto la denominación de nación y logra un sistema de financiación e inversiones hecha a su medida. La portavoz del PA lo simplificó con un ejemplo: «Zapatero y Mas han confeccionado un traje a la medida de Cataluña sin importarles si a los demás nos queda grande o pequeño».

Superar complejos

Chaves animó a los andalucistas (y a los populares) a que dejen atrás sus complejos y apuesten por participar activamente en la reforma estatutaria andaluza para alcanzar el máximo autogobierno. El término nación, que aparece en el preámbulo del Estatut, carece de valor legislativo, según Chaves. Lo importante es que en el articulado se la defina como nacionalidad, algo que también ocurriría en Andalucía, aunque con el complemento de histórica.