Máster de mediocridad
Las falsedades que han rodeado el caso del máster de Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, revelan muchas de las carencias que este país padece
Las falsedades que han rodeado el caso del máster de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, revelan muchas de las carencias que este país padece, tanto en su entramado político como en el sistema de formación universitaria. Es un asunto de evidente bajeza ética que no solo pone en evidencia la abundancia de estudios oficiales de bajo perfil, sino también la ausencia de escrúpulos para inflar currículos de cargos políticos, como tapadera de sus limitaciones intelectuales. Nuestro ordenamiento político, amparado en una ley electoral de listas cerradas y bloqueadas, con proporcionalidad corregida, favorece un sistema de selección justo al revés de las teorías evolutivas de Charles Darwin, pues son los personajes menos capaces quienes acaban por ocupar puestos de responsabilidad institucional, ya que las ambiciones mezquinas y el servilismo priman frente a la inteligencia crítica, la capacidad de trabajo y el espíritu de servicio. La adición a titulaciones poco exigentes libera a algunos y algunas del complejo de mediocridad.
El máster que, entre presuntas falsedades, se anotó Cristina Cifuentes, tan solo exige 36 créditos docentes, lo que viene a representar alrededor de nueve semanas de clases, ¿qué formación superior se puede adquirir en tan poco tiempo lectivo? Las universidades españolas impartieron hasta 3.772 másteres anuales, la baja calidad de muchos de ellos conduce a la devaluación de las titulaciones. Es una consecuencia de la crisis de la propia universidad que, de institución secular del conocimiento y de la investigación se ha transformado en una ‘fábrica de expedir títulos’. Quedan lejos aquellos tiempos en que don Miguel de Unamuno replicó al general Millán Astray, en su condición de Rector de la Universidad de Salamanca: «Éste es el Templo de la Inteligencia y yo soy su Sumo Sacerdote». La Ley Villar Palasí transforma este modelo clásico en agosto de 1970 (LGE 14/1970) al hacer universitarios todos los estudios postsecundarios. Hasta entonces solo las Facultades y las Escuelas Técnicas Superiores formaban parte de la Universidad, quedando al margen los estudios medios de carácter profesional, como enfermería o ingenierías técnicas, por citar casos conocidos. Además se produce una masificación en los centros y una multiplicación de las universidades, que de ser diez en toda España, en Andalucía solo Sevilla y Granada, pasan a más de una por provincia en muy poco tiempo. Ahora con los másteres ocurre lo mismo, que están sobredimensionados; funciona mejor un modelo como el de Holanda o Reino Unido, menos cantidad, mayor selección y más exigencias.
En Cádiz se ha suscitado un caso que pudiera revelar problemas vinculados a cuestiones universitarias. Me refiero al contrato de Aguas de Cádiz con un centro de la UCA, cuando Ignacio Romaní era presidente de esa empresa municipal. Según informa la prensa, se abonaron 42.000 euros al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa, grupo de investigación dirigido por Carlos Guillén, el profesor universitario que fue tutor de la tesis doctoral del concejal Romaní. Pagos que se efectuaron entre 2011 y 2014 por un informe sobre responsabilidad social de la empresa pública. Supongo que de confirmarse, no se repita aquí la obstinación que ha exhibido Cristina Cifuentes en la capital, desprestigiando a la Universidad Rey Juan Carlos, y debilitando la credibilidad de su partido, aunque todo induce a pensar que se recurrirá a alguna puerta giratoria para resolver semejante crisis. En Madrid los políticos hacen cábalas acerca del gobierno de su Comunidad; aquí aguardamos aclaraciones y disculpas: «El agua clara y el chocolate espeso».
