Un ayuntamiento para el beneficio personal del alcalde

Kichi ha vuelto a utilizar al colectivo LGTBI y al Consistorio gaditano para ‘vender’ su imagen política

El alcalde de Cádiz debe pensar que él ha inventado la pólvora. La pólvora política. En su afán de demostrar que él y los suyos son seres superiores moral y éticamente, hacen bandera de cualquier causa social y se la apropian, excluyendo de la misma a cualquiera que no sea reconocidamente simpatizante de la izquierda radical y el anticapitalismo.

Buena prueba de ello son las reivindicaciones de los colectivos LGTBI , que la pasada semana celebraron su día anual. Cualquier acción que se haga para apoyar su causa es bienvenida. En los últimos años se han dado pasos de gigante en el reconocimiento de sus derechos. Tan es así, que España es uno de los países más avanzados en este sentido, el tercero del mundo que aprobó el matrimonio homosexual. Afortunadamente, a estas alturas del siglo XXI pertenecer a cualquiera de estos colectivos no es un estigma en nuestro país. Y menos aún en Cádiz, cuna de la libertad y probablemente una de las ciudades más abiertas de mente de Europa. Siempre quedará algún intolerante, algún inculto, que dé la nota, de ahí la importancia de estos movimientos sociales, que deberían implicar a todos y no sólo a políticos excluyentes y prejuiciosos como José María González ‘ Kichi ’.

Porque esta defensa de los colectivos LGTBI, como de cualquier otro, es fundamental hacerla dentro de la ley, no como un revolucionario trasnochado. Y menos aún si eres el máximo representante de una institución tan importante como el Ayuntamiento de Cádiz. Y la ley dice que en los edificios públicos sólo se pueden colocar banderas oficiales . De ahí que el resto de ayuntamientos –tan defensores de los derechos como el de Cádiz– hayan buscado otras fórmulas. Pero Kichi no. Como siempre, ha antepuesto su ideología a su responsabilidad. Y la ha colgado en la fachada principal del Consistorio, ganándose una denuncia por prevaricación. Y además ha desobedecido la orden del juzgado de retirarla antes de 72 horas. Todo para seguir haciendo ruido. Él sabe que esto no tendrá consecuencias para él. Probablemente una sanción administrativa. Pero el objetivo está cumplido. Se erige en el defensor de los derechos de los desfavorecidos, utiliza la institución en su beneficio personal y político y su ego sigue engordando. A costa de los gaditanos, a los que nos tocará pagar la multa.

Artículo solo para suscriptores

Accede sin límites al mejor periodismo

Ver comentarios