OPINIÓN
Bandera recuperada
Actos como el de ayer o la jura de mañana muestran que los grandes símbolos nacionales son de todos
Actos, encuentros, como el vivido ayer en la Residencia Cortadura de Cádiz, promovido por la Subdelegación de Defensa, o el programado mañana en pleno centro de Cádiz con una jura de bandera para civiles demuestran que algo está cambiando. Por fin. El pulso del Gobierno catalán al Estado ha despertado un instinto que durante años ha permanecido hibernando en el interior de miles de españoles. La amenaza de ruptura que han promovido los nacionalistas catalanes con un referéndum anticonstitucional hizo saltar ese sentimiento de unidad y fuerza patrio que antes sólo se advertía en citas festivas o de fútbol. Ahora, las concentraciones espontáneas en favor de la unidad de España, las muestras de cariño y agradecimiento a las fuerzas de seguridad del Estado por su trabajo o el lucimiento de la enseña nacional en balcones se han convertido en un símbolo de esta crisis institucional que vive el país. La bandera española por fin se puede lucir sin ningún miedo, rubor o vergüenza a que quien la porte sea tachado de «facha». La bandera constitucional de España está por encima de ideologías y representa a todos sin distinción. No hay motivos para esconderla como tampoco los hay para ocultar las banderas autonómicas. Quizás esta sinrazón separatista a la que ha llevado el gobierno de Puigdemont y Torra a Cataluña ha servido para que los españoles reivindiquen, por un lado, unidad y, por otro, el orgullo de pertenecer a un país que lleva 40 años de democracia y, por ello, tenemos que seguir cimentándola entre todos. Las ideologías no son excluyentes y sólo el respeto y el diálogo permitirán seguir adelante.
Mostrar la bandera o las banderas ha dejado de ser un tema tabú. Todos somos dueños de ellas y a todos nos representan. Este concepto es el que no entienden o prefieren no compartir los radicales, los extremistas o los independentistas catalanes, que han buscado el camino fácil de la confrontación y el desprecio hacia quienes no piensan como ellos o no comparten sus tesis. No podemos olvidar que nos regula un Estado de Derecho a través de leyes y, sobre todo, bajo el marco de la Constitución. El desafío soberanista del Gobierno de Puigdemont no está contemplado en este ordenamiento jurídico. Sólo cabe que el deseo de independencia se proponga por los cauces legales marcados o, en su defecto, se inicie ahora una reforma constitucional que lo ampare.
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