El separatismo pierde el juicio

El separatismo catalán vivió ayer otro varapalo judicial al conocer la decisión de una juez de Barcelona de procesar a treinta personas por numerosos delitos vinculados a la organización del referéndum ilegal en Cataluña el 1-O. Entre los procesados abocados a juicio oral se encuentran antiguos altos dirigentes de la Generalitat relacionados con el aparato institucional de comunicación, los responsables de TV3 y Catalunya Radio, la directora del Consejo Catalán de Medios Audiovisuales, cargos de Presidencia del Gobierno catalán e, incluso, la interventora de la Generalitat y varios empresarios que se prestaron a coadyuvar en el intento de golpe de Estado. En su auto de procesamiento, la juez reafirma buena parte de los indicios hallados durante año y medio contra la inmensa mayoría de los investigados y concluye que pudieron incurrir en delitos de malversación, prevaricación, falsedad, desobediencia y revelación de secretos. Se trata de la vertiente «catalana» de la investigación judicial que quedó separada de los procesos llevados a cabo en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, pero la conclusión viene a ser exactamente la misma. Hubo un desfalco de dinero público, calculado por esta juez en casi seis millones de euros, para organizar el referéndum que debía servir de coartada a Carles Puigdemont para proclamar la independencia. Es evidente que diversos organismos públicos, como la televisión y la radio autonómicas, se pusieron al servicio de una ilegalidad flagrante, y sus directivos fueron piezas esenciales en el entramado golpista. Sin ellos, toda la labor de publicidad, propaganda y difusión a través de intoxicaciones, mentiras y la más obscena perversión de la realidad no habría sido posible. Se pusieron al servicio de una causa basada en la rebeldía frente al Estado de Derecho, y lo hicieron además con dinero público de todos los catalanes, fueran o no independentistas, y participasen o no de la consulta ilegal.

Ahora, a todos ellos les espera el banquillo de los acusados en Cataluña y un juicio oral similar al que se está celebrando en el Tribunal Supremo. Es cierto que el auto de procesamiento aún no es firme, y que los imputados tienen derecho a recurrirlo. Pero el escrito de la juez es verdaderamente contundente. Todos los españoles tienen ya una idea más que formada sobre lo que ocurrió en Cataluña en aquellas fechas, sobre la indignidad democrática con la que actuaron la Generalitat y todos los adláteres ahora procesados y, desde luego, sobre dónde está el causante de esta fractura social en Cataluña: huido en Bélgica y mofándose claramente de todos aquellos que sí están respondiendo ante los jueces en España, incluso en la cárcel. Joaquim Torra podrá seguir atacando cuanto quiera a los jueces. Pero es evidente quién ha perdido el juicio.