«Kale borroka» pura y dura

Cientos de los jóvenes radicales que han protagonizado violentos episodios de «kale borroka» en las calles catalanas recibirán en las próximas semanas notificaciones con multas para sufragar los gastos de los destrozos causados. También se producirán detenciones, según ha podido saber ABC, ya que durante los disturbios las Fuerzas de Seguridad han podido identificar a muchos de los responsables para que respondan ante la ley. Los cortes de carreteras y vías férreas, los actos de sabotaje y saqueo de negocios, la destrucción de mobiliario urbano y, sobre todo, los brutales ataques a la Policía no son simples desórdenes. No responden al legítimo ejercicio de protesta en una democracia, sea cual sea el motivo. No les ampara ni la libertad de expresión, ni la libertad de reunión, sencillamente porque incendiar media ciudad, lanzar cócteles molotov contra los agentes o causar miedo entre la población no tiene nada de pacífico. Por el contrario, es sintomático de conductas cuasi terroristas que están tipificadas en el Código Penal.

Desde hace años, nuestra legislación prevé sancionar como delito terrorista a aquellas personas, incluso menores, que causan estragos como los vividos en Cataluña. Años atrás, en el País Vasco, el mal denominado «terrorismo de baja intensidad» pasaba por destruir sucursales bancarias y cajeros, incendiar autobuses urbanos, quemar contenedores, amenazar a personas con pintadas señalando objetivos para ETA o destrozar sedes de partidos políticos. Esas conductas fueron tipificadas como terroristas, y el Estado se defendió con éxito frente a ellas obligando a sus autores, o a sus progenitores en el caso de ser menores de edad, a pagar los gastos del daño causado. Ahora en Cataluña la previsión es que ocurra lo mismo, porque la impunidad no es una opción, por más que el Gobierno de Pedro Sánchez trate de minimizar lo ocurrido, y por más que la Generalitat se empeñe en blanquear, cuando no en jalear, ensalzar y proteger a estos «cachorros» del terror, algunos integrantes de las «células durmientes» de las que ABC informó el pasado jueves.

Infravalorar la gravedad de lo sucedido en Cataluña no tiene sentido ni siquiera desde una perspectiva política. Cultivar la inacción contra quien pretende la destrucción del Estado de Derecho oponiéndola a un pretendido derecho de autodeterminación es una irresponsabilidad. Primero porque ese derecho no existe en nuestra legislación, y segundo porque el resto de ciudadanos de España puede llegar a sentirse indefenso a manos de su propio Estado. Hay una cuestión de fuerza mayor: la ley. Y quien la vulnere debe responder por ello de manera contundente. Lo contrario sería debilitar al Estado dando bazas a un secesionismo que aún no es consciente de que ha perdido su batalla y ha fracturado a Cataluña de modo irreversible durante años.