EDITORIAL

A infamia diaria en Waterloo; el 155, ya

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el actual responsable del Ejecutivo catalán, Quim Torra EFE

ABC

La nueva visita de Joaquim Torra a Carles Puigdemont en Bélgica para pedirle consejo es la enésima muestra de una ignominia política a la que nuestra democracia no debería someterse. A todos los efectos, Puigdemont es un presunto delincuente, huido para no tener que someterse a un juicio penal por rebelión. Ni es un presidente en la sombra, ni permanece en un exilio forzoso ni debería seguir tomando el pelo a todos los catalanes al presentarse como mártir de la libertad. Puigdemont insiste en el absurdo de que un presidente de la Generalitat como Torra le rinda pleitesía de forma humillante. El «consejo por la república» es una patraña, y Puigdemont se ha convertido en un vividor en Waterloo, protegido por un sistema político como el belga que lamentablemente, y sin razón alguna, cuestiona la calidad de nuestra democracia en España. Tenga que despachar lo que tenga que despachar Torra con Puigdemont, el resultado será otro esperpento a los ojos de los españoles.

Torra quiere saber qué estrategia le prepara el huido para que el separatismo se signifique ante la opinión pública cuando dé comienzo el juicio por el golpe de Estado del 1-O. Y también le pide consejo sobre cómo debe actuar el independentismo con los Presupuestos Generales del Estado presentados por Sánchez. Si el separatismo veta las cuentas de inicio, o vota negativamente después, el debilitamiento de Sánchez será brutal y debería convocar elecciones. Por eso, no sería sorprendente que después de hincharse los bolsillos gracias a un Sánchez sometido a su chantaje, los nacionalistas le regalaran unos meses más de legislatura. Pero el independentismo ya no es un bloque monolítico que se maneje con criterios de obediencia debida.

España y su prestigio internacional no pueden permitirse el lujo de que se siga considerando «normal» que un presidente autonómico obedezca a un prófugo de su Justicia, ni que los Presupuestos se negocien en una cárcel, como ha llegado a ocurrir. ¿Cabe mayor y más lacerante afrenta para un Estado? Sobran motivos para aplicar ya el artículo 155 y devolver así la ética y la decencia democrática a Cataluña, en particular, y a la totalidad de España, en general.

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