Debe gobernar la lista más votada

España cuenta con una de las democracias más avanzadas del mundo, pero el impacto de la crisis, como ha sucedido en otros países, propició el surgimiento de formaciones políticas cuya representación a escala nacional, autonómica y local ha trastocado el tradicional equilibrio de fuerzas que garantizaba el bipartidismo, abriendo una etapa en la que la incertidumbre y la inestabilidad se han convertido en rasgos comunes, tal y como evidenció la ausencia de gobierno en 2016, los complejos pactos surgidos tras las últimas elecciones municipales o los recientes comicios celebrados en Cataluña, donde Ciudadanos no tiene posibilidad de ejercer el poder pese a haber vencido en las urnas. Todo ello debería hacer reflexionar a los principales partidos sobre la necesidad de reformar la ley electoral para que gobierne la lista más votada, tal y como plantea el PP tras el fallido intento cosechado en 2015, después de que el PSOE rechazara esta iniciativa. Los populares responden así al acercamiento que se ha producido entre Albert Rivera y Pablo Iglesias para modificar la ley D’Hondt, cuyo funcionamiento otorga una ligera ventaja al grupo que gana las elecciones. Sin embargo, a diferencia de esta propuesta, cuya única finalidad es que los partidos más pequeños sumen un puñado extra de escaños a costa de los grandes, la medida que plantea el PP merece ser tenida en cuenta por diversas razones. Porque la eliminación del actual método de conteo de votos, vigente en decenas de países occidentales, lejos de facilitar la gobernabilidad, la dificultaría aún más. La fragmentación política, muy posiblemente, se agravaría. Permitir que gobierne la lista más votada, por el contrario, no solo contribuiría a garantizar la estabilidad política, sino que, además, constituye una fórmula más justa, transparente y democrática. Es la norma que rige en la mayoría de las democracias del mundo.

Ya sea primando a la mayoría que obtenga una clara victoria en las urnas o celebrando una segunda vuelta en caso de que el resultado sea más ajustado, lo importante es que el sistema electoral favorezca la gobernanza del país en los diferentes niveles de la Administración, a imagen de lo que sucede en otras democracias. En caso de no obtener mayoría absoluta, el vencedor se vería obligado a pactar con más frecuencia con la oposición, vía coalición o mediante acuerdos puntuales, pero no habría duda de que la responsabilidad de ejercer el poder recae en la fuerza que ha obtenido el mayor número de votos. Lo que no tiene sentido es que un cúmulo de formaciones perdedoras, muchas de ellas con una representación marginal e incluso con idearios opuestos, se pongan de acuerdo con el único objetivo de evitar que gobierne el partido más votado. Merece la pena intentarlo, pero la decisión, en última instancia, depende del PSOE.