El Congreso no merece esa mofa

Un país cuya legislación electoral permite a unos procesados penalmente por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos ser candidatos a las Cortes, resultar elegidos y tramitar sus actas parlamentarias, tiene un problema. Ayer, Junqueras y otros cuatro dirigentes separatistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo fueron conducidos desde prisión hasta el Congreso y el Senado para tomar posesión de sus escaños. Y hoy lo harán de nuevo para participar de la sesión constitutiva de las Cortes en el inicio de la nueva legislatura. Es cierto que lo ocurrido ayer es inédito en nuestra democracia, y que lo hicieron bajo algunas prohibiciones acordadas por el Supremo dada su condición de procesados en prisión preventiva. Pero resulta incomprensible que nuestra legislación permita a unos presuntos delincuentes mercadear con las instituciones y presentarse ante la opinión pública como reos de un sistema injusto y represor.

El Congreso, como sede y expresión de la soberanía popular, no merecía el espectáculo de promoción que se ofreció ayer, con Junqueras y los demás recibidos como héroes, apoyándose en diputados de Bildu y desobedeciendo flagrantemente al Supremo, ya que algunos se permitieron grabar un vídeo y exponerlo en redes sociales pese a tenerlo expresamente prohibido. Hoy, cuando ocupen sus escaños, habrá más de lo mismo, y es una lástima porque lo que está en juego es la dignidad y el prestigio de las Cámaras. Resulta lamentable que la legislación consienta a unos supuestos delincuentes dar un mensaje victimista, dentro y fuera de España, fingiendo que nuestras instituciones les oprimen. Y no es culpa del Supremo. Es una legislación obsoleta la que permite al independentismo propagar sus falsedades contra nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho.

Junqueras y sus señorías-compinches no podrán alegar que en España se conculcan derechos fundamentales. Sabiendo, eso sí, que desde prisión les resultará imposible ejercer plenamente como parlamentarios. Ahora será la presidenta del Congreso, la socialista Batet, quien tendrá que proceder a su suspensión provisional como diputados a la espera de una sentencia firme del Supremo. Ni se les está sometiendo a un juicio injusto, ni se vulneran sus garantías procesales, penales o parlamentarias. Simplemente, se les debe aplicar el mismo criterio al que se someten otros diputados en casos de gravedad infinitamente más leve. Más aún, muchos partidos exigen a sus diputados renunciar al acta cuando son imputados penalmente. En este caso, por el contrario, se les anima a seguir delinquiendo mientras se estigmatiza a nuestra Justicia y se caricaturizan a nuestras Cortes.