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La quita de la deuda autonómica que insinúa Montoro es un insulto a los cumplidores
Cristóbal Montoro, de 67 años, posee sus virtudes. A diferencia de algunos prodigios de la Nueva Política, de tan florido pico como magros conocimientos, al veterano peón del PP lo adorna una base teórica (es catedrático de Hacienda Pública). Como perenne ministro de Hacienda -sumando sus dos etapas, lleva quince años a ello- cabe ensalzar que engrasó la maquinaria del fisco, descuidada tras las frivolidades zapateristas, y también que ha tratado de imponer cierto rigor contable. Por último, sin duda contribuyó a la hercúlea tarea de sacar a España de la sima. Pero en una democracia de más solera Montoro habría dimitido en junio, cuando el Constitucional anuló por unanimidad su reforma fiscal de 2012, un revés que lo inhabilita para el cargo. Tampoco engrandecen su figura gestos tan insólitos como haber amenazado a sectores profesionales desde la tribuna del Congreso, o los interrogantes sobre las relaciones con el poder de una empresa que fundó en la etapa en que no pudo cobrar de la política.
De carácter jovial, incluso algo efervescente, el ministro se levantó ocurrente el miércoles pasado. Llegó al Congreso y dejó caer, como quien comenta la final de OT, que sopesa una quita de la deuda de las autonomías. Es decir: un indultillo para las más entrampadas. Esa declaración es impresentable. Se da de bruces con la exigencia de disciplina fiscal, que por fortuna ha distinguido a este Gobierno, y también contradice la línea previa del propio Montoro. En segundo lugar, no se puede soltar una propuesta de tal magnitud como si fuese un chascarrillo de bar de quien concibe Hacienda como su cortijo. Por último, la quita supondría un lacerante agravio para los ciudadanos que cumplen con el fisco y para las comunidades que se ajustaron el cinturón y no incurrieron en endeudamientos alocados. Feijóo ya se ha plantado contra la sugerencia montoriana. Ciertamente, cuesta digerir que se haga una quita a administraciones como la Generalitat, que, según se ha sabido esta semana, llegó incluso a sufragar el golpe de Estado separatista utilizando dineros estatales del Fondo de Liquidez Autonómica. ¿Deben ser premiados ahora con una quita?
El modelo de financiación autonómica en vigor es una chapuza, pues incumple una norma elemental, al otorgar la responsabilidad del gasto a quien no tiene la de los ingresos. El entramado autonómico creció de manera atolondrada, moldeado por los sucesivos chantajes de los nacionalistas a los inquilinos de La Moncloa. Hoy es un Frankenstein renqueante. Quien gasta -las comunidades a cuyo cargo están sanidad, dependencia y educación- no recauda el bocado del león de los impuestos (y no se les acaba de conceder, como sería lógico, por la gangrena de la deslealtad separatista). El sistema actual resulta confuso, injusto a veces -véase Valencia- y de poco futuro. En lugar de soltar globos sonda por boca de un ministro con piel de rinoceronte, el Gobierno debería presentar ya una propuesta profunda de financiación. Sé que la mayoría del público bosteza con estos debates; prefiere hablar del chaletazo de Puchi. Pero son los asuntos de Estado que definen el futuro de todos y la igualdad de oportunidades.
