Examen a la merma de libertades de Sánchez

Cuando el 21 de junio haya vencido por fin el estado de alarma, nadie podrá negar que ha supuesto la merma flagrante de muchos derechos y libertades de los españoles. Para imponer esa vulneración consciente de garantías constitucionales esenciales, el Gobierno ha llegado al punto de pervertir la labor del Congreso, clausurándolo de facto durante más de dos meses y negando las explicaciones que todo presidente, en cualquier democracia, debe ofrecer. Tan autoritario ha sido todo durante la excepcionalidad del estado de alarma, que un abogado español ha conseguido que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debata el próximo martes una iniciativa para saber si estaba justificado que en plena pandemia el Gobierno suspendiese el Portal de Transparencia. Y también, para debatir hasta qué punto es lícito políticamente que la Secretaría de Estado de Comunicación, en connivencia con Sánchez y con todos los ministros, estableciese un sistema tan burdo de filtrado de preguntas periodísticas. Desde muchos puntos de vista se ha vulnerado el derecho a la información: se ha engañado a los españoles ocultando y falseando datos sobre la crisis; se han reinterpretado preguntas incómodas de la prensa para reformularlas de un modo suavizado; y se ha ofrecido una información confusa o incluso disparatada, como atribuir miles de muertes de dudosa causa a los «accidentes de tráfico» cuando estaba prohibido circular. Sánchez ha utilizado RTVE para su propaganda, y el cierre del Portal de Transparencia ha impedido conocer la chapuza que durante semanas supuso la compra de material. La Carta de Derechos Fundamentales de la UE existe por algún motivo, y ningún Gobierno puede imponer políticas autoritarias que contravengan sus postulados. Pero es evidente que España vive en un cerrojazo informativo jamás conocido en democracia.