Miguel Ángel Martínez-Aroca: «El futuro está en electrificar la economía»

ABC Natural entrevista a Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier).

A principios de 2015 la firma de investigación de mercados internacional IHS estimaba que la demanda del sector fotovoltaico a nivel mundial iba a crecer en torno a un 25%. ¿Se van cumplido estas previsiones?

La fotovoltaica es una tecnología que, desde que 62.000 familias españolas destinamos nuestros ahorros a desarrollarla, ha experimentado una progresión imparable en cuanto a rendimientos y reducción de costes que supera todas las previsiones que se van planteado. La consultora IHS Technology asegura que hasta 2019 la fotovoltaica crecerá un 177% con 500 GW de potencia instalada y un crecimiento de 75 GW ese año, un 66% más que en 2014.

En más de 11 mercados, entre los que no aparece España, nuestro país ha pasado de ser locomotora a furgón de cola.

¿La fotovoltaica es una energía que se abarata cada día? ¿Hacia dónde avanza la investigación con respecto a esta tecnología?

La fotovoltaica es la gran solución a los problemas energéticos y climáticos del planeta, además es democrática, puesto que resulta accesible al ciudadano, que puede dejar de ser un mero consumidor a producir su propia energía o aportar energía a todo el sistema. Cada día contamos con paneles con mayor vida útil y con más capacidad para generar electricidad con un menor tamaño, esto abre la puerta al desarrollo de materiales y revestimientos capaces de transformar la luz en energía como lo hacen nuestros paneles. La fotovoltaica es decisiva para combatir los escenarios más adversos del cambio climático que estamos empezando a padecer.

España fue el país con mayor potencia fotovoltaica instalada en el mundo en 2008. ¿Cómo se ha comportado el sector español en 2015?

Fuimos líderes y referentes internacionales; ahora es patético contemplar como todos los países nos superan, aun siendo el país del Sol. En 2014 Alemania y Gran Bretaña, por poner países de referencia y con mucho menos sol, instalaron, cada uno de ellos, más de 2.000 MW de fotovoltaica en red, mientras que en España nos quedamos en 7 MW… Eso sí, en 2015 nos hemos convertido en el país líder de reclamaciones frente a tribunales de arbitraje por incumplimientos de la Carta de la energía, con 27 pleitos, hemos adelantando a Argentina y a Venezuela a causa de los dramáticos y retroactivos recortes impuestos a las renovables.

¿Cómo podría España recuperar su liderazgo en energía fotovoltaica? ¿La fotovoltaica puede ser calve en el cambio de modelo productivo que necesita el país?

Es sencillo, tenemos sol, tenemos tecnologías, tenemos todo el potencial necesario; bastaría con que se recuperara la seguridad jurídica, se restauraran los derechos de las 62.000 familias fotovoltaicas españolas, para volver a generar confianza. Pero mientras se alcen barreras normativas para evitar la eclosión de esta tecnología que compite con las tradicionales, nada hay que hacer. La fotovoltaica sería motor de desarrollo en España, el futuro está en electrificar la economía con renovables tanto aquí como en la China, con la ventaja de que contamos con mucho más sol que nuestros competidores.

El 20 de diciembre habrá elecciones. ¿Qué críticas harían desde Anpier al Gobierno saliente y qué demandas dirigirían al nuevo Ejecutivo?

Sin entrar a desgranar los hitos normativos que han destruido el tejido renovable español, durante estos últimos cuatro años hemos asistido a la estigmatización y linchamiento público de las renovables y la fotovoltaica en España, a las que se responsabiliza de todas las deficiencias de un escandaloso sistema eléctrico cuyas vergüenzas ya no es posible ocultar por más tiempo. Las renovables no sólo han servido de chivo expiatorio de las irregularidades normativas, sino que, además, con los recortes retroactivos impuestos, se expulsa del sistema a este nuevo modelo de productor, pequeña empresa y ciudadano, y se disuade a otros potenciales competidores en favor de aquellos que, por algún motivo, se pudieran considerar a salvo de los vaivenes regulatorios que descabalgan del sector a quienes pretenden impulsar una nueva manera de producir y distribuir la energía. La mentira, ni siquiera repetida hasta la saciedad desde las más altas instancias y avalada por destacados corifeos de la opinión publicada, se torna en verdad. Es labor del nuevo Gobierno caminar sin titubeos hacia un nuevo modelo energético, que arrope al auténtico interés general y restaurar la seguridad jurídica de 62.000 familias españolas.