La Fiscalía investiga una presunta «caja B» en los bares de la Policía Municipal

El Ayuntamiento de Madrid que dirige Manuela Carmena ha puesto esta mañana en manos de la Fiscalía toda la documentación relativa a tres bares situados en dependencias de la Policía Municipal, ante las sospechas de la existencia de una «caja B», al margen de la contabilidad municipal. Así lo han explicado esta tarde en declaraciones a los periodistas el delegado del Área de Seguridad, Javier Barbero, y el director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano.

El Ayuntamiento calcula el monto del dinero, al margen de la contabilidad oficial, entre 70.000 y 80.000 euros. No conocen con exactitud la cifra exacta ya que no han tenido acceso a la caja fuerte, ha precisado Barbero. Dichos fondos se habrían destinado a la compra de coronas de flores para agentes fallecidos, fiestas del patrón, repostajes indebidos y demás gastos que no pueden abonarse con cargo al presupuesto pero que, por motivos que la Dirección General de la Policía Municipal consideraba justificados, debían pagarse.

Barbero ha precisado que se dieron cuenta de la existencia de las presuntas anomalías cuando la Unidad de Atestados les envió un escrito indicando que iban a celebrar el 25 aniversario de la sección y que el pago se iba a realizar «con los fondos de los bares», situados en la citada unidad (calle Plomo), en la del Escuadrón de Caballería (Puente de los Franceses), y en la de Tráfico (avenida del Planetario). Nadie en la concejalía ni en la Dirección Económica y Administrativa ni en el Consistorio tenían constancia de esa situación. «Nos dijeron que ese dinero se daba antes al director general para la propia administración», y que esta situación se venía produciendo desde hace décadas, es decir, con las anteriores administraciones del PP.

Dichos recintos, gestionados por una veintena de policías auxiliares y en segunda actividad, son lugares de descanso para los agentes que están de servicio en donde toman café y algún refrigerio. «Los servicios que se prestan son necesarios y legítimos siempre y cuando su actividad se realice dentro de la más estricta legalidad, no con dinero fuera de control», ha recalcado.

«Luz y taquígrafos»

Por eso, en aras a la transparencia, y sin cuestionar a las personas que estaban al frente, consideran que, tanto en este como en otros asuntos debe primar la máxima de «luz y taquígrafos», por lo que han decidido que sea la Fiscalía la que dilucide las presuntas responsabilidades y los delitos en los que se habría podido incurrir. «Que sea alguien desde fuera quien diga cómo están las cosas y se pronuncie sobre las anomalías que se llevan produciendo desde hace décadas», ha aseverado.

«Por el buen nombre de la Policía, hay que anteponer la legalidad a la satisfacción que estas instalaciones ofrecen a los agentes. Por ello, de momento los bares mantendrán su función a través de un servicio de «vending» para más adelante licitar un contrato público con alguna empresa».