Juicio contra NCG: Un juez falla ahora a favor del FROB y en contra de los inversores

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de La Coruña desestima «íntegramente» la demanda interpuesta por siete empresas gallegas —Corporación Hijos de Rivera, Inversiones Gallegas del Cable, Concable, Subel, Río Breiro (Jealsa), Coren y Copasa— contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y Novagalicia Banco tras perder este grupo de empresarios casi 20 millones de euros por la inversión que hicieron en la entidad.

El principal argumento del juez Pedreira García en su sentencia (con fecha 20 de enero de 2015) es que «sobre los inversores pesaba la diligencia de comprobación de los datos proporcionados por la entidad que vendía sus acciones y que la falta de esta diligencia no puede conllevar ni la nulidad del negocio ni su rescisión».

Durante el juicio, celebrado el pasado mes de noviembre, los afectados coincidieron en señalar que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Banco de España eran «garantía de solvencia» para realizar esta inversión.

En contra de lo que sostiene ahora el magistrado, negaron ser expertos financieros, y explicaron que si no pidieron información adicional a la proporcionada por el banco fue porque confiaban en su presidente, José María Castellano.

En un segundo término, el juez considera que «no hubo dolo» en la actuación de la entonces cúpula de NCG. Entiende, a diferencia de los empresarios, que «no se les ocultaron datos esenciales para la inversión». Este fue precisamente uno de los puntos esenciales de la defensa del grupo de inversores gallegos, ejercida por Daniel Jiménez, del bufete SLJ Abogados. Según expuso el letrado, a los empresarios se les vendió una imagen irreal del estado del banco que, a dos meses de que se formalizará la compra de acciones —el 12 de enero de 2012—, anunció un ajuste contable con efecto retroactivo a diciembre de 2011. Este implicó la necesidad de 948 millones de euros de capital adicional.

«No ha existido ocultación de datos por parte de los demandados que implique una nulidad de los contratos de inversión y la adquisición de las acciones por los mismos ni tampoco ningún error en el consentimiento por habérseles ocultado datos relevantes para su inversión», recoge el fallo. Pedreira García subraya, asimismo, que «todas estas empresas estaban profesionalmente dedicadas a la inversión de valores, con conocimiento pleno de los riesgos de una inversión como la que nos ocupa, sin necesidad de asesoramiento adicional por parte de las demandadas».

Precedentes judiciales

Con todo, admite «dudas» al hacer referencia a que existen pronunciamientos contradictorios a un caso similar en Primera Instancia. Se refiere el magistrado a sendas sentencias favorables a Gadisa (10 millones de euros de inversión) y otro grupo de cinco empresarios (8,5). En ellas, la juez Marta Canales Gantes estima los argumentos expuestos por Daniel Jiménez, al considerar que sí hubo dolo por parte de los vendedores (NCG y FROB) al ocultar a los demandantes «una información tan relevante que hubiese generado su huida y negativa a la firma».

En declaraciones a ABC, el letrado calificó de «poco acertada» esta última sentencia, al tiempo que advirtió que «no está tan extensamente motivada como las anteriores». Convencido de que el caso acabará en la Audiencia Provincial, pese a que aún quedan dos juicios por delante —el de Hierros Añón (20 millones de euros) y que arranca este jueves, y otro más que se celebrará en Madrid y afecta a otras dos empresas—, confía en que entonces haya una sentencia unificada. Jiménez avanzó que recurrirá este último fallo, al igual que hizo el FROB con las que le fueron desfavorables.