Archivada la causa por las obras de la calle Bedoya para el alcalde de Orense, el exregidor y seis ediles

El juez instructor de la denuncia por las obras de la calle Bedoya de Orense ha archivado la causa para el actual alcalde de la ciudad, Agustín Fernández; para el exregidor, Francisco Rodríguez; y para otros seis ediles del PSOE y del BNG en el año 2008, pero mantiene en calidad de imputados al exedil de Infraestructuras del BNG, Andrés García Mata, a un funcionario asesor jurídico y a tres empresarios locales, por varios delitos.

En un auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, el que fue titular del juzgado de instrucción número 2 de Orense hasta este martes, Antonio Piña Alonso, archivó el procedimiento judicial para los integrantes de las juntas de gobierno del año 2008 que aprobaron la licitación del procedimiento y posterior adjudicación de obras de mejora para la calle Bedoya, entre los meses de septiembre y octubre de 2008.

Según el juez, el procedimiento negociado, sin publicidad y urgente aplicado para la tramitación de aquellas obras no se corresponde con la legalidad vigente en aquel momento pero considera que los integrantes de la Junta de Gobierno, salvo García Mata, no pueden ser sancionados «por omisión y dejación de sus funciones, porque carecían del conocimiento previo de esa omisión».

En su escrito, Piña retoma declaraciones de algunos de los imputados iniciales para indicar que en menos de una hora la Junta de Gobierno «aprobaba más de cien expedientes y confiaban en que estaban bien tramitados, si nadie les advertía de la anomalía», aunque ve «difícil de explicar» que ediles licenciados en Derecho o con competencias en la función pública «no se percatasen de la ilegalidad del procedimiento escogido».

Era «pleno conocedor»

En cambio, sí considera que el exedil de Infraestructuras, Andrés García Mata, era «pleno conocedor de que el procedimiento elegido no será el adecuado, pues se lo había indicado tanto el jefe de negociado y asesor jurídico --también imputado-- como el interventor municipal» y a pesar de ello, continuó con ese procedimiento «llevando a la Junta Local el proyecto que además, carecía de los preceptivos informes jurídicos de asesor e interventor y sin justificación expresa de su urgencia».

Sobre el procedimiento, el juez considera que por la cuantía de la obra, su trámite sí sería admisible por vía negociada, por ser inferior a un millón de euros, pero «no era admisible jurídicamente su tramitación sin publicidad» pues era superior a los 200.000 euros, y ve «actitud dolosa» en el exedil responsable, encardinable en un delito de prevaricación.

Ese era el objeto de la instrucción iniciada por una denuncia de Democracia Ourensana en septiembre de 2013, según el juez, pero «aparece una segunda actuación con indicios racionales de criminalidad y en doble sentido». Así, se puso de manifiesto una «posible concertación» entre el edil García Mata y las empresas que concurrieron de forma negociada «y por otra parte, resulta notoria la concertación de las propias empresas entre sí», según el auto.

Relaciones familiares

Según los indicios recogidos en el escrito judicial, García Mata sabía de la relación existente entre las empresas que eran OCA S.A, OPAIN S.L., y una UTE de Orenga y Betunes y Firmes. «Hay relación familiar entre sus gestores e incluso dos de ellas tienen el mismo administrador, mientras que el de una tercera es hijo del de las otras dos», y el entonces edil «no pudo explicar quién le sugirió que invitase concretamente a esas empresas».

La concertación entre ellas resulta «más patente» por el hecho de que presentaron el mismo pliego de condiciones técnicas «sustancialmente y en su gran mayoría literalmente» pues contenían tablas y fotografías idénticas, además de ser entregados el mismo día 9 de septiembre de 2008 entre las 9,00 y las 9,05 horas. García Mata y el funcionario que en 2008 era asesor jurídico y además jefe del servicio de infraestructuras Luis T.I., están imputados por posible delito de fraude y exacción legal, además de posible prevaricación, en el caso del exedil.

Los empresarios José R.P, Santiago F.P. y Marcos R.O. están imputados por delito de concertación para alterar el precio en un concurso público y el auto que detalla y relata los hechos, indica que se da traslado a las acusaciones particulares para que en diez días soliciten la apertura de juicio oral, con escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. El auto se puede impugnar por recurso de reforma y subsidiario de apelación, en los tres días siguientes a la notificación, por recurso de apelación directo, en los cinco días posteriores a esa notificación.