Puig deja a Sánchez y Moliner fuera del consejo de los puertos de Alicante y Castellón

Las buenas intenciones que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, exhibió el pasado 29 de julio en el Palau con los presidentes de las tres diputaciones provinciales, César Sánchez (Alicante); Javier Moliner (Castellón) y Jorge Rodríguez (Valencia) ha durado apenas un mes.

Su compañero de partido, el alcalde de Ontinyent, ya estaba al tanto de las intenciones de ir rebajando papel de las corporaciones hasta su laminación definitiva en la próxima legislatura. Moliner y Sánchez, por contra, también contaban con esta intención del PSPV de acabar con las instituciones provinciales pero esperaban una «colaboración leal» esta legislatura.

Esto es lo que les pidió José Manuel Orengo –el enviado especial de Puig para hablar con los presidentes provinciales de Castellón y Alicante– que defienden a un signo político diferente, en este caso, al Partido Popular.

La realidad, sin embargo, indica que esa lealtad no se ha practicado en la elección de los integrantes de los consejos de administración de los puertos de las tres capitales. En Valencia, Jorge Rodríguez fue alertado por Puig de que no formaría parte del órgano rector y no fue una sorpresa porque comparte ese desmantelamiento progresivo de la Diputación.

Puig, eso sí, incluyó en el consejo a la europarlamentaria Inmaculada Rodríguez-Piñero en representación de la Generalitat al ser una persona de su total confianza.

Sánchez y Moliner, por contra, se enteraron por la prensa cuando la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, dio a conocer que ninguno de ellos estaría tampoco en los consejos de administración de los puertos de cabecera de sus provincias.

«Sectarismo»

Es la primera vez en democracia que los máximos representantes de las corporaciones provinciales se quedan fuera del órgano de decisión de la política portuaria lo que ha causado gran «perplejidad» en ambos.

«Sectarismo» es la principal sensación que tienen los presidentes provinciales con la actuación de Ximo Puig y temen que la línea de colaboración leal que se solicitó después de conformarse las diferentes instituciones esté ya «rota».

Los enfrentamientos pueden llegar a la hora de solicitar el Consell ayudas a las Diputaciones de Alicante y Castellón para completar ayudas, fundamentalmente de tipo social destinadas al empleo, o las inversiones a contemplar en los parques de bomberos, por las que haya apostado el Ejecutivo autonómico.

El choque entre ambas administraciones puede ser sonoro, ya que si Ximo Puig quiere legislar para que las diputaciones cumplan ciertas reglas respecto a salarios y funciones, no es menos cierto que tanto Javier Moliner como César Sánchez tienen avanzado ya un informe jurídico que avalaría, con la legislación vigente, el papel que actualmente están desarrollando las diputaciones.

A la espera de Ferraz

Puig podría reconsiderar el plan agresivo de minimización de las diputaciones si desde Ferraz le hacen ver que el mapa de poder provincial ha cambiado mucho después de las elecciones autonómicas y locales y que el PSOE preside la mayoría de ellas.

Además, el aspecto legal no es desdeñable, ya que la Ley de 1983 en la que Puig se ampara para eliminar el papel de las instituciones provinciales no tiene el reglamento desarrollado.

Es más, hay aspectos que chocarían con otras leyes de ámbito nacional (y la propia Constitución) que abocarían a un largo litigio y probablemente a un desgaste innecesario.

En el otro lado de la balanza se encuentra Mónica Oltra quien defiende también la desaparición de las diputaciones y anima a seguir esa hoja de ruta a Puig pese a los costes que pueda tener a corto plazo.