Como quien oye llover

La marcha de Arias Cañete a Bruselas ha dejado huérfanas las aspiraciones de los regantes alicantinos. Es cierto que Isabel García Tejerina, su otrora número dos, tiene más o menos la misma filosofía que el exministro y ahora comisario, pero quizá adolezca de su sensibilidad. O tenga cosas, desde su punto de vista, más importantes en las que pensar, quién sabe. A Cañete ya lo teníamos convencido, conocía la problemática -esa problemática, si aún se lo preguntan, es que se nos está secando el Vinalopó, con millones de euros en exportaciones hortofrutícolas en juego y el abastecimiento de varias poblaciones de tamaño medio, como Elda, en el alero; por mucho que todavía haya quien desde la izquierda «venda» sin sonrojarse el mensaje de los campos de golf- y la urgencia por abordarla.

Sobre el papel, García Tejerina también. Pero la realidad parece apuntar lo contrario.

Llevamos más de tres años esperando a que el Gobierno del PP le dé una solución al problema creado por la socialista Cristina Narbona, empeñada en demostrar (con el aplauso de Nueva Cultura del Agua) que los trasvases eran inviables. Hasta tal punto se empeñó que fue capaz de planificar un nuevo Júcar-Vinalopó que, efectivamente, lo era. Cuatrocientos millones enterrados (y 120 que quizá algún día reclame Bruselas de vuelta) para que a Alicante hayan llegado catorce (¡catorce!) hectómetros en dos años, de los 80 anuales previstos, y que ni siquiera son aptos para todos los regadíos. Ni hablar del abastecimiento, claro. Pero pasa el tiempo, la sequía se agrava -el año hidrológico 2014-2015 ha empezado en la Comunidad igual de seco que terminó el anterior, con un déficit de lluvias del 25% en octubre- y parece que el presupuesto del Ministerio no da para retomar la conexión original, que cuesta 60 millones.

Zapatero pensaba que para que llegara agua a Alicante bastaba con inventarse un programa con ese nombre (bueno, y con malgastar 500 millones en desaladoras que no se pueden poner en marcha). Esperemos que el Gobierno del PP no crea que para lograr lo mismo basta con crear un marco legal en el Plan de Cuenca del Júcar. Porque permitir la posibilidad de un trasvase aguas arriba del Júcar, que es de lo que se trata, no sirve de nada si no se ponen los medios para convertirla en realidad. Y si no hay 60 millones (que, ojo, sufragarían los usuarios de la transferencia vía tarifa, como ha sucedido con el Tajo-Segura en los últimos veinte años), que se recurra a los famosos doce (¡doce!) hectómetros de Alcorcón. Al final, serían 24 de los 80 hectómetros prometidos, la mitad para abastecimiento y la otra mitad para algunos regadíos. Nada que ver con lo que esperábamos, pero al menos paliaría una situación que ya hace mucho que pasó de ser dramática.

Como sigan mareando la perdiz, diciendo que sí pero no, buscando un consenso que la Mesa pel Xúquer no quiere, y regalando con buenas palabras los oídos de unos y otros en busca de ese famoso esquema «win-win» que se aplicó -aquí sí, con acierto- al Tajo-Segura, cuando quieran ponerse manos a la obra, si es que alguna vez quieren, quizá se encuentren con que las hortalizas y la uva de mesa del Vinalopó se han extinguido, y que los vecinos de Elda (por ejemplo) sufren restricciones.

Algo así es lo que, si tiene ocasión, le va a decir la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor -con quien hoy publicamos una amplia entrevista-, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando coincidan este martes en la clausura del XII Congreso de la Empresa Familiar que se celebra en el ADDA. Esperemos que el presidente no haga como quien oye llover. Porque por aquí eso no pasa muy a menudo.