El modelo de gestión local del tripartito: propaganda millonaria y «enchufes»

El modelo de Gobierno que prentende implantar el PSPV en la Generalitat tras las próximas elecciones autonómicas -basado en pactos a varias bandas con formaciones como Esquerra Unida o Compromís- arroja serias dudas sobre su capacidad de gestión tras haber comprobado su aplicación en el ámbito municipal durante la última legislatura. El PSPV solo gobierna en 141 de los 542 municipios de la Comunidad Valenciana y en muchos casos lo hace pese a que el Partido Popular fue la formación más votada, aunque no logró la mayoría absoluta.

En Villarreal y Alcoy, dos de las localidades más emblemáticas del poder municipal socialista, los grupos de la oposición han denunciado irregularidades o derroche en el gasto público por parte de los equipos de gobierno de ambos consistorios.

En Villena, donde Los Verdes cuentan con uno de sus dos únicos alcaldes de toda España (el otro está en Orihuela, también con apoyo del PSOE), se reproduce el mismo modelo de localidades en las que el PP fue la formación más votada en las últimas elecciones pero no obtuvo la mayoría absoluta.

Los diferentes pactos a varias bandas (en Villarreal, cuatro partidos que solo suman en total un concejal más que el PP) han deparado gobiernos locales que en algunos casos destinan cantidades millonarias a la propaganda o, directamente, sitúan a personas afines o familiares en puestos de trabajo que dependen directamente del Ayuntamiento.

Villarreal: 1,3 millones en propaganda

El Ayuntamiento de la localidad castellonense de Villarreal, que preside el socialista José Benlloch, destinó el último año 1,36 millones de euros a gastos de publicidad y propaganda sobre su presupuesto total de 39,9 millones, de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso ABC. El PSPV, que gobierna la localidad junto a Esquerra Unida y Compromís, tiene entre los principales destinatarios de su publicidad a Edicions del País Valencià, una empresa situada en la órbita de las entidades que, como Acció Cultural del País Valencià (ACPV) fomentan la difusión del catalanismo en la Comunidad Valenciana. Frente a las acusaciones de despilfarro del PSPV a la Generalitat, en la localidad castellonense el Ayuntamiento destina más de 1,36 millones en propaganda en una localidad de poco más de 51.000 habitantes. Así, los gastos de publicidad absorben el 3,4 por ciento del presupuesto anual que, de acuerdo con el grupo popular en el Consistorio, ha sufrido varias modificaciones a lo largo del ejercicio.

Las recopilación de facturas recoge desde inserciones publicitarias en medios de comunicación, al mantenimiento de la página web municipal o la compra de pegatinas para distribuirlas en el Mercado Central.

El caso de Villarreal constituye el paradigma de los pactos «anti PP» que prevé aplicar el PSPV a nivel autonómico. Los populares ganaron las elecciones municipales de 2011 en la localidad, donde obtuvieron el 48 por ciento de los votos y doce concejales, a uno de la mayoría absoluta. PSPV (ocho ediles), Compromís-Bloc (tres), IxVila-real (uno) y Esquerra Unida (uno) formaron un cuatripartito para poder acceder a la vara de mando.

El Ayuntamiento de Villarreal también se ha distinguido durante la última legislatura por respaldar iniciativas que defienden tesis independentistas. Así, patrocinó una jornada sobre los movimientos independentistas en la Comunidad Valenciana que incluía una ponencia sobre el Partido Socialista de Liberación Nacional (PSAN) de los Países Catalanes, una formación de marcado sesgo independentista.

Alcoy: facturas duplicadas

Entre la oposición alcoyana, bromean con que el Ayuntamiento da trabajo a «los pintores de la familia» y a «los pintores carpinteros». Los primeros son parientes de dirigentes socialistas locales, y en 2012 y 2013 han facturado unos 20.000 euros anuales pintando calles y 9.000 más en la primera mitad de este año.

Los otros se dieron de alta en abril para trabajar para el municipio y tan pronto se les encarga pintura como carpintería. La explicación del PSOE a sus facturas duplicadas es que son dos autónomos que cobran un mismo importe al repartirse cada encargo y tratarse de una comunidad de bienes. «Están en el límite sútil, pero en cualquier caso se debería hacer un concurso anual para el mantenimiento y saldría más barato», opina el portavoz de Compromís, David Abad. Y es que reparar 14 alcorques de los árboles en la calle San Lorenzo costó 1.200 euros, y para más inri hay solo nueve agujeros. La reacción del concejal de Fiestas tras denunciarlo Compromís consistió en un ataque personal a su concejal Abad, sobre su vivienda. La formación nacionalista espera respuesta esta semana del «fraccionamiento» de trabajos. El PP aireó hace unos días que EU (socio del PSOE) ha nombrado a dedo al coordinador del área de participación ciudadana.

Villena: abogados con dinero público

El servicio de limpieza viaria y recogida de basuras contratado con una empresa parece dejar mucho que desear en Villena. Así lo entiende el técnico municipal que enumeró en un informe nada menos que 26 incumplimientos de la contrata en agosto. Posteriormente, este mismo mes ha cuantificado 12 deficiencias y se rebajaba así la posible multa desde 255.000 a 50.000 euros. El portavoz del PP, José Antonio Valiente, se pronunció para que se le sancione a razón de 15.000 euros al día porque el servicio se sigue prestando mal. En la comisión de seguimiento, el alcalde, Javier Esquembre (Los Verdes) se escudó, en cambio, en otro informe que encargó con dinero público a unos abogados para no imponer estas multas que, acumuladas, podrían superar el millón de euros. El magnatario ecologista -que gobierna con los apoyos de los socialistas y la formación independiente local Villena Centro Democrático (VCD)- ya ha anunciado su intención de presentarse a la reelección.

Su compañero de filas en Orihuela, Monserrate Guillén, que gobierna el municipio de más población en toda España para Los Verdes, también gusta de tirar de cartera -de la de todos- para pagarle a «su abogado» particular. En concreto, se gastó 24.000 euros en el informe jurídico que utilizó la mesa de edad para frenar la moción de censura contra él presentada por el PP. Lo desveló esta semana la concejal y diputada popular Mónica Lorente.