El personal laboral de la Junta negociará la vuelta a las 35 horas

Lo anunció en su primera comparecencia en sede parlamentaria el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que en esta legislatura asume, procedente del anterior área de Hacienda, una remozada Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto y que, por tanto, será quien lidere las conversaciones en el Consejo de la Función Pública y en la Mesa General de Negociación en sustitución de Pilar del Olmo -que para los próximos cuatro años ha extendido sus atribuciones a Economía-.

Será mañana cuando el equipo de la Presidencia tenga lugar la primera toma de contacto con las organizaciones sindicales para perfilar el nuevo convenio colectivo del Personal Laboral de la Junta de Castilla y León. «Un hueso duro de roer», esperan los que tendrán que vérselas de aquí en adelante con la mano derecha del presidente Juan Vicente Herrera.

Los objetivos por parte de los representantes de alrededor de 12.500 empleados con esta condición son claros. Recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales y el poder adquisitivo recortado y congelado después de siete años de crisis encabezan cada una de las plataformas que Csif, UGT, CCOO y CGT han preparado para este encuentro inicial.

Sin denuncia de CC.OO.

Tanto la Central Sindical Independiente y de Funcionarios como la Unión General de Trabajadores y la Confederación General del Trabajo (que aún no sabe si estará presente en la Comisión Negociadora por una cuestión de representatividad) han denunciado el anterior convenio al considerarlo un «mal menor» que hubo que aprobar a modo de transición y como una «pérdida necesaria». Ahora las cosas han cambiado, aseguran las fuentes sindicales consultadas por este periódico, que son conscientes de que la corrección no se puede producir «de la noche a la mañana» pero que batallarán por fijar fechas y plazos.

Por su parte, Comisiones, el único sindicato que no ha realizado este trámite de denuncia, considera que lo verdaderamente necesario es la apertura de la Mesa de la Función Pública, donde se enmarca la negociación para la totalidad de los más 84.400 empleados públicos -también funcionarios y estatutarios-.

En cualquier caso, unos y otros afirman que el contexto económico «acompaña». Castilla y León vuelve a crecer al ritmo anterior al inicio de una crisis que, según Del Olmo, «ya ha acabado». Los datos de la contabilidad regional del segundo trimestre del año marcan una subida del PIB del tres por ciento, sin precedentes similares desde la recta final del año 2007.

La responsable de las arcas regionales reconoció que el comportamiento de la economía castellano y leonesa «está siendo mejor» del que se auguraba y recordó que las previsiones de la Junta para este año eran del 2,1% «y al final estará más cerca del 3% que del dos», sin descartar que se cierre el ejercicio incluso con cifras superiores «si no pasa nada en el mundo mundial».

Aferrados al 2,5%

Así que poco o nada han tardado los sindicatos en revisar los «decretazos» que en los momentos más negros de la crisis modificaron las condiciones de todos los empleados públicos. Allí aparece la «temporalidad» de las medidas, que Castilla y León recogió expresamente en la Ley 1/2012 de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras y volvió a indicar en la exposición de motivos del Decreto 59/2013. En ambos textos se alude al condicionamiento de los recortes «hasta que el crecimiento económico supere el 2,5% del producto interior bruto interanual de Castilla y León en aquellas materias competencia de la Comunidad...».

En el listado de reclamaciones, además de la vuelta a la jornada de 35 horas y la compensación por el 5% del salario que «se quitó» en 2010, coinciden la necesidad de recuperar asuntos particulares y días por antigüedad; las retribuciones de noches, turnicidades y festivos; las condiciones de los vestuarios de ciertos servicios públicos; la reclasificación profesional; los traslados; las ayudas de acción social; el pago íntegro durante las bajas por enfermedad; la promoción cruzada para todos los grupos; una carrera profesional y productividad fija a semejanza de la de Sacyl, el control de las libres designaciones entre los laborales.