CSI-F valora positivamente el «compromiso de diálogo» de De Santiago-Juárez

Representantes de CSI-F mantuvieron ayer una «primera toma de contacto» con el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que asumió las responsabilidades de función pública tras la reestructuración de consejerías aprobada en el decreto 2/2015, del 7 de julio. CSI-F valora «positivamente» este «compromiso de diálogo para comenzar a negociar los derechos perdidos de los empleados públicos de la Comunidad».

Según detallan, el consejero mostró su disponibilidad de negociación y diálogo en esta nueva legislatura que ahora comienza, proponiendo a esta organización sindical la elaboración de un calendario de prioridades factibles a negociar tanto a nivel autonómico como nacional. En ese sentido, el sindicato independiente manifestó las primeras reivindicaciones que ayer mismo se registraron para recuperar las condiciones socio-laborales previas a la crisis de los empleados públicos.

«Los graves y continuos recortes presupuestarios de los últimos cuatro años han provocado una regresión de las plantillas y una grave pérdida de poder adquisitivo, superior al 30 por ciento» aseguran, y por ello han pedido a De Santiago-Juárez que presione al Gobierno Central en la derogación de la normativa impuesta al comienzo de la crisis limitando la negociación autonómica.

«El mejor guiño de la Administración hacia los empleados públicos sería la derogación de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, que prevé en su Disposición Transitoria Octava, que las medidas restrictivas, como la ampliación de la jornada a 37,5 horas semanales, solamente se mantendrían hasta que la Comunidad creciera el 2,5 por ciento sobre el PIB, hecho que ya se ha producido, según informe de la Consejería de Hacienda», analizaron.

«Desde CSI·F hemos instado a la convocatoria de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos para analizar el tema y llevar a cabo el cumplimiento en sus propios términos de la citada Ley 1/2012, para, al menos, establecer nuevamente la jornada laboral en 35 horas para los empleados públicos de Castilla y León, que sería una medida adicional para la creación de nuevos empleos públicos», concluyeron.