La Junta afirma que los permisos para el «fracking» no son «discrecionales»

Su despliegue o no en la Comunidad «está regulado», no se trata de «algo discrecional», debe «respetar» una serie de «requisitos» que garanticen la salud del medio en el que pretende aterrizar. La Junta de Castilla y León deja claro que si el polémico «fracking» se instala en Burgos de la mano de la empresa canadiense BNK -que augura contar con doce pozos y comenzar su actividad en 2016- será porque cumpla con los parámetros establecidos, que dada la actividad que se pretende desarrollar responde a un nivel de exigencia «alto» y que se respetará al margen de colores, ideologías u opiniones. Es la «afección» al entorno lo que determinará si «se acepta o deniega» un proyecto, explicó a ABC el consejero de Fomento y medio Ambiente, Antonio Silván.

En Castilla y León tanto un permiso para investigar como para explotar un terreno con el método de la fractura hidráulica -para la extracción de gas del subsuelo- requiere de una previa autorización de declaración de Impacto ambiental, a «diferencia de lo que ocurre en otros países», dado que no es una obligación fijada en la Unión Europea. Así, en la Comunidad «se exigen todo tipo de garantías», afirmó Silván en un mensaje de tranquilidad hacia quienes temen posibles complicaciones de esta técnica que despierta fieles y detractores a partes casi iguales. «Nos hemos autoimpuesto» esta «garantía», explica. Desde la Consejería están aún, además, a la espera de que la empresa remita la información solicitada para poder evaluar sus planes, al menos en lo que respecta a «Sedano», el proyecto que sólo afecta a Burgos -una de las zonas con mayor potencial de España- de los dos que BNK quiere desarrollar en esta provincia, ya que el de «Urraca» abarcaría también al fronterizo País Vasco y por tanto la decisión está en manos del Gobierno central.

Desde el PSOE, el secretario autonómico de la formación, Luis Tudanca, advirtió, por su parte, que el «fracking» puede «dañar seriamente» el tejido productivo de un territorio y aseguró que sería «un error estratégico» posibilitar su llegada, según expuso el socialista. Asimismo, las asociaciones profesionales agrarias UCCL y la Alianza UPA-Coag se mostraron ayer «radicalmente en contra» de esta práctica denunciando que no existen «garantías» sobre el medio en el que se instala.

Las asambleas antifracking de Burgos, Cantabria y País Vasco incrementarán sus acciones reivindicativas por el avance de los proyectos de esta técnica de extracción de gas pizarra en el norte de la provincia burgalesa. Ayer presentaron más de un millar de alegaciones contra el proyecto de Angosto I, un día después de la presentación para su estudio de impacto ambiental de otros dos, en Urraca y Sedano. Antonio García, portavoz de la asamblea de Burgos, dejó claro ayer que defienden que el «fracking ni aquí ni en ningún sitio».

García explicó que las alegaciones se basan en los «peligros medioambientales» que puede provocar la instalación de pozos cuyos componentes químicos pueden, según sus estudios, llegar a contaminar los acuíferos de la zona y perjudicar a la agricultura y ganadería pero, también, a la propia salud humana.

El portavoz de la asamblea reconoció que no tiene «ninguna confianza» en los estudios de impacto ambiental a los que deben someterse las empresas de fractura hidráulica porque «los políticos están haciendo declaraciones a favor» de esta técnica y «ya veremos» como evoluciona el asunto. En todo caso, dejó claro que seguirán convocando manifestaciones y presentando alegaciones para que se vea públicamente que la sociedad «no quiere fracking, ni aquí ni en ningún sitio».