El dinero es lo primero

Al igual que la madrastra de Blancanieves, los partidos políticos de este país se pasan la mayor parte del tiempo mirándose al espejo. Su hipotética razón de ser, el servicio a la ciudadanía, ha terminado por caer en saco roto debido a que los esfuerzos para lograr su pervivencia, para, si es posible, aumentar sus cotas de poder con el único fin de autoafirmarse como organizaciones, requieren toda su atención.

Es ese el motivo, y no otro, que impide que las grandes formaciones se planteen una reestructuración seria de la administración que conlleve una reducción real de cargos públicos. Cuantos más cargos, más poder, y también más ingresos para las arcas del partido, tal y como ha quedado en evidencia tras la información publicada por este mismo periódico acerca de la relevancia que han adquirido para las finanzas de Coalición Canaria las aportaciones de sus cargos en las entidades públicas.

El hecho de que dichas aportaciones superen a las de los afiliados supone en la práctica que una de las reformas más necesarias y urgentes de esta región y de este país, la reducción de un aparato administrativo que ha crecido sin tregua en todos los niveles, pero especialmente en el ámbito de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, se quede en una de esas propuestas que se hacen con la boca chica.

Un querer y no poder en el que está en juego nada menos que la salud financiera de los partidos políticos. Porque no nos llevemos a engaño: la situación en Coalición Canaria no difiere en demasía de la de los restantes partidos, para quienes un mayor número de cargos públicos significa un considerable sosiego económico.

Cambios como la imprescindible reducción del número de ayuntamientos, y no sólo con el fin de ahorrar, sino también porque con ello mejoraría considerablemente la gestión de los asuntos ciudadanos (a menor administración mayores economías de escala y mejor selección de cargos públicos), supondrían un notable disgusto para los gerentes de las organizaciones políticas consolidadas, que con el paso de los años han ido creando un aparato administrativo cuyos costes no resultan un asunto baladí.

La única opción, por lo tanto, de llevar a cabo dichas reformas, se halla en las formaciones políticas emergentes, para quienes sufragar los gastos internos, siendo importante, no se ha convertido aún en una carga susceptible de influir en los planteamientos programáticos.

La previsible confluencia de formaciones asentadas y emergentes se convierte, por consiguiente, en la única opción de que se lleve a cabo una reducción de cargos públicos que, si bien no será la necesaria, al menos supondrá un alivio desde el punto de vista de la racionalización de la función pública.