Cultura recibe el expediente para intentar frenar el derribo de la Biblioteca Pública de Las Palmas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha trasladado al Ministerio de Cultura "el expediente" para que no se derribe la Biblioteca Pública del Estado, que tiene una orden de derribo ratificado por parte del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Así lo ha confirmado el alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, tras mantener un breve encuentro en la sede de la Secretaría de Estado de Cultura de Madrid, con el responsable de la misma, José María Lasalle, así como con la delegada del Gobierno de Canarias, María del Carmen Hernández Bento.

"El Ayuntamiento no quiere ni puede derribar esa biblioteca porque es patrimonio del Estado. Vamos a trasladarle el expediente al Gobierno central para que hagan ejercicio de defensa del interés general, se estudien las opciones posibles que vayan encaminadas, sin violentar una sentencia del Supremo, y se garantice que la biblioteca permanezca donde está y que siga siendo utilizada por los ciudadanos", ha remarcado.

Por su parte, Lasalle ha destacado que el objetivo es, por un lado, salvaguardar el cumplimiento de una resolución judicial, y por otro tratar de encontrar una fórmula que atienda la protección de un interés general asociado a la conservación y protección de una biblioteca pública. "Estamos en sintonía y colaboración para encontrar la mejor solución e integrar ambas cuestiones", ha señalado al término de la reunión, según recoge EP.

Preguntado por si se trataría de encontrar una ubicación distinta a la biblioteca, Lasalle ha precisado que el objetivo es mantenerla donde se encuentra. "La intención es que se conserve y mantenga el edificio pero, insisto, dentro de las opciones que la legalidad vigente exige y una de ellas es por el respeto de esta resolución judicial y al mismo tiempo está la propia legalidad que nos obliga salvaguardar un bien de interés cultural como es la Biblioteca Pública de Las Palmas", ha insistido el secretario de Estado de Cultura.

Por su parte, la delegada del Gobierno de Canarias ha resaltado el ánimo de colaboración entre el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de España. "Vamos a hacer todo lo posible para mantener ese difícil equilibrio, que es tener que cumplir una sentencia firme pero por otro lado intentar salvaguardar ese bien patrimonial que es la biblioteca pública", ha apostillado.