El tripartito reinicia la negociación con Ikea y aceptaría la fórmula de Alfafar

El equipo de gobierno municipal de Alicante va a sentarse a renegociar en breve con Ikea las condiciones de su implantación en la ciudad partiendo desde cero y con la premisa insoslayable de que no pueden llegar acompañados de un macrocentro comercial. Como modelo que aceptarían está la tienda recientemente abierta en Valencia –en Alfafar, aunque ayer aludieron a Paterna, donde el proyecto no está aún definido ni diseñado– y también van a plantear ubicaciones alternativas a Rabasa.

Entre las posibilidades de aprovechar suelo catalogado como de uso terciario (servicios) estarían las antiguas naves de Altadis (Tabacalera) situadas en el polígono industrial Las Atalayas, junto a la autovía de Madrid, y unos terrenos situados entre el barrio de San Gabriel y el Barranco de las Ovejas, próximos a Mercalicante.

Son áreas industriales con ciertas semejanzas con el emplazamiento de Alfafar.

Hoy está previsto que se fije la fecha de la primera reunión del tripartito –desde que asumió el poder– con directivos de la multinacional y, según el portavoz de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, acudirán con «espíritu limpio y constructivo» para «escuchar» las pretensiones de la compañía. A priori no quieren desvelar las preferencias del Ayuntamiento, si bien ayer dejaron entrever cuál será su posición en la mesa de negociación en ciertos aspectos.

De entrada, argumentarán en contra de Rabasa el «impacto en la movilidad», la preservación de «espacios valiosos», en concreto, las lagunas, y la investigación judicial en curso que atañe a una pieza separada del caso Brugal para la retirada definitiva de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Ikea, así como los planteamientos que se barajaban en la anterior legislatura. De hecho, la semana pasada el nuevo Consell paralizó este proyecto para reestudiarlo de nuevo.

Retirados de la demanda

Una medida adoptada a priori ha sido desistir de que el Ayuntamiento figure como parte personada en calidad de «codemandados» junto a la Generalitat a raíz de una denuncia presentada por un particular que se siente perjudicado por la ATE en los terrenos de Rabasa.

Desde el PP, el concejal Carlos Castillo aseguró que «no se ha realizado ningún acto administrativo que suponga la paralización de la ATE», ya que únicamente puede hacerlo un juez o que el propio promotor (Alicante Avanza) desista.