«Iniciamos la investigación», la sentencia que Maduro nunca esperó del fiscal del TPI

«Avanzamos en una nueva fase», esa ha sido la sentencia que ha dado este miércoles por la tarde el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, a Nicolás Maduro. El abogado británico no ha querido irse de Venezuela sin antes decirle a Maduro a la cara que su Gobierno será investigado por cometer crímenes de lesa humanidad, la razón por la que el TPI decidió en 2018 abrir un examen preliminar para estudiar las denuncias que provenían de víctimas del régimen venezolano. El presidente chavista no ha tenido más opción que aceptar el veredicto del alto representante del Tribunal Internacional y firmar un documento en el que se expresa que Maduro «está de acuerdo» con el inicio de una investigación en su contra. El mandatario socialista ha respondido al funcionario del TPI en la reunión, que se celebró en el palacio de Miraflores, que «respeta» la decisión pero que «no la comparte».

Khan llegó a Caracas el lunes para una visita de apenas tres días, y Maduro lo recibió en la sede del Ejecutivo. Este miércoles se produjo el segundo encuentro donde el alto representante del TPI dio el mensaje que Maduro aparentemente no esperaba. Su veredicto ocurre también luego de que la Organización de Naciones Unidas publicara un lapidario informe en el que ha puesto al régimen de Maduro en un paredón para acusarlo de aplicar tácticas de «torturas nazis». En un documento de 212 páginas, la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU ha denunciado que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) aplica las 'Sippenhaft', una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis, y que se basaba en la detención de familiares de perseguidos o presos políticos como forma de presión.

En septiembre, la ONU dijo también que «la misión tiene motivos razonables para creer que en los casos analizados las juezas, jueces y fiscales, en lugar de haber garantizado, han denegado el goce de derechos a personas opositoras al Gobierno, por haber sufrido injerencia desde dentro de la jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público ». El organismo internacional describió en ese momento en su informe que son los juzgados y tribunales con competencia en terrorismo que utilizan las instituciones como maquinaria que trabaja para violar los derechos humanos y perpetuar la impunidad.

Ya en julio, el fiscal chavista, Tarek William Saab, buscó maneras de lavar la imagen del régimen chavista y solicitó al TPI que abandonara la idea de abrir una investigación en contra del Gobierno de Maduro, pero sus intentos fueron en vano. En ese momento, el representante del Ministerio Público que obedece órdenes del Ejecutivo Nacional, extendió al fiscal Khan una invitación a Venezuela para establecer «una hoja de ruta» y aclarar cualquier duda que tenga sobre la cooperación entre el Gobierno chavista y el TPI. La misiva fue enviada con el fin de limar asperezas con la institución tras la salida de Fatou Bensouda, quien hasta junio fue la fiscal del TPI, y con la que a juicio de Saab «hubo una colaboración negativa».

Saab dijo también que en la misiva enviada el 14 de julio se hacía «referencia a los informes presentados por nuestro país en los últimos nueve meses, en el marco del examen preliminar (…) los cuales demuestran que desde que así se nos requirió el pasado 2 de octubre, nuestra posición ha sido siempre la de colaborar con la Fiscalía (TPI)». El Ministerio Público chavista solicitó a principios de julio un control judicial para ocultar la identidad de las víctimas, algo que fue impugnado por la Fiscalía del TPI. Khan recibió la carta días después de que Maduro intentara con violencia, pero sin éxito, detener al presidente interino, Juan Guaidó, en su residencia en Caracas.

La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un informe en 2018 que recogía evidencias para señalar a Maduro como uno de los autores intelectuales de la represión en Venezuela de 2017, que se saldó con más de 100 personas y es considerada como la más violenta de la era chavista. En el documento describieron «un patrón de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil» que incluía detenciones arbitrarias y forzosas, asesinatos, torturas, violaciones y otros actos de violencia sexual. En el informe, la OEA expuso 131 ejecuciones extrajudiciales durante las manifestaciones. Sin embargo, en lo que tiene Maduro en el poder (ocho años) superan las 13.000 ejecuciones extrajudiciales, según la ONG venezolana Cofavic.