CRISIS EN NICARAGUA
El Gobierno de Ortega y la oposición acuerdan restablecer garantías ciudadanas en Nicaragua
También se ha acordado la «liberación definitiva» de todos los presos políticos
El Gobierno de Nicaragua y una oposición extraparlamentaria acordaron este viernes «fortalecer» los derechos y las garantías ciudadanas, en el marco de la mesa de negociación con la que buscan superar la crisis que estalló hace casi un año.
Las partes aprobaron un acuerdo de 18 puntos en el que instan a las autoridades a tomar las medidas necesarias para asegurar el desarme de los grupos armados fuera del orden constitucional y legal, y el retorno de los miles de nicaragüenses que se marcharon del país en el contexto de la crisis.
Además, instaron a detener las actuaciones violentas o agresivas de cualquier persona o autoridad, y a la Policía Nacional a que ajuste sus normas de actuación y que el decomiso o intervención de dispositivos electrónicos «sólo puede hacerse con la debida orden judicial».
La partes también apremian al cumplimiento del debido proceso , que todo detenido tiene que ser puesto en libertad o a la orden de la autoridad competente dentro del plazo de 48 horas posteriores a su detención, y que los domicilios sólo pueden ser allanados por orden escrita de un juez entre las 6.00 y 18.00 horas local.
En el caso de los nicaragüenses que se encuentran en el exterior, en particular aquellos que se fueron en el contexto de la crisis que estalló el 18 de abril de 2018, «podrán regresar a su país con plenas garantías y seguridad personal y familiar», y gozar de los beneficios que las leyes le otorgan.
Derecho de manifestación y expresión
Asimismo, las partes acordaron garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública , que había prohibido la Policía Nacional desde septiembre pasado.
Sobre ese punto, la mesa de negociación indicó que «cumplidos los requisitos establecidos por la Ley de la materia, la Policía Nacional autorizará el ejercicio de este derecho».
Se reconoce que no requiere permiso previo el derecho de reunión pacífica que no afecte la libre circulación de personas y vehículos, y no altere la normal convivencia de la población.
También se reconoce el derecho a la utilización de la bandera de Nicaragua, símbolo de las protestas para la oposición.
Además, acordaron revisar la ilegalización de por lo menos nueve organismos no gubernamentales, incluyendo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a fin de lograr la restitución de sus personalidades jurídicas y la devolución de sus bienes.
Sobre la libertad de expresión , las partes acordaron que el Estado garantizará el irrestricto derecho a la libertad de expresión y que el derecho a informar no puede estar sujeto a censura, ni los medios podrán ser objeto de censura previa, ni uso de mecanismos que puedan limitar el derecho a la información veraz y oportuna.
El Estado debe garantizar también el derecho a la importación de papel y materia prima pertenecientes a los medios de comunicación afectados en el marco de la crisis, a fin de lograr la devolución de esos bienes.
«El presente acuerdo expresa la voluntad política de las delegaciones de encontrar el camino de la reconciliación, la paz, la seguridad y la estabilidad », resaltaron las partes, que el jueves acordaron fijar para el próximo 3 de abril el fin de esas conversaciones.
Nicaragua está inmersa en una crisis como consecuencia de las protestas callejeras que estallaron el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma del seguro social.
En las manifestaciones se exige la renuncia del presidente Daniel Ortega tras casi doce años en el poder de forma consecutiva.
Esta situación ha causado 325 muertos y cientos de presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 561 las víctimas mortales, además de actos violentos y ataques también a los obispos del país.
El Ejecutivo de Daniel Ortega solo reconoce 199 víctimas mortales y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
Liberación de los presos políticos
El Gobierno de Daniel Ortega también ha aceptado este viernes la «liberación definitiva» de todos los presos políticos detenidos durante los últimos once meses en las protestas contra el Gobierno, según se ha informado en un comunicado conjunto entre los representantes del Gobierno, los testigos de las negociaciones y los representantes de la opositora Alianza Cívica recogido por el periódico «La Prensa».
En días pasados, los datos más recientes indicaron que la Alianza Cívica tenía contados 647 presos políticos en las cárceles y 165 en sus casas bajo el régimen de casa por cárcel. El régimen de Ortega acepta únicamente 340.
La liberación de estos presos era condición indispensable para reanudar el diálogo entre Gobierno y oposición, que se había reactivado a finales de febrero, pero se congeló después de que la Policía prohibiera una marcha opositora este sábado y detuviera a más de 100 personas que ese mismo día por la noche fueron liberadas.
Esta liberación implica la anulación de todos los procesos judiciales. El plazo de liberación de los presos políticos es de 90 días . En este proceso, Cruz Roja Internacional será el organismo encargado de definir junto a representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia el listado final de presos políticos que serán liberados.
«El gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional procederá a la liberación definitiva, entendido esto como el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas más allá de la excarcelación de las referidas personas privadas de libertad. Las medidas y procedimientos jurídicos necesarios para lo anterior serán discutidos en la mesa de negociación», se lee en el documento.
Más de 300 personas han muerto y miles han sido detenidas. Según expertos del sistema interamericano, la mayoría de las muertes son culpa de la Policía y grupos armados afines al Gobierno, por lo que han recomendado a los gobiernos de la región juzgar a Ortega por crímenes de lesa humanidad.
Las protestas en contra de Ortega han golpeado a la economía del país, algunos de sus funcionarios --incluyendo su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo-- han sido sancionados por Estados Unidos y diversos organismos financieros internacionales le han congelado los créditos al país.
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