Gato encerrado en Chile

Aunque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que Chile cuenta con un 62 por ciento de clase media consolidada en el conjunto de su población, una realidad que no tiene parangón en el ámbito iberoamericano, la muletilla de la insufrible brecha entre ricos y pobres como motor de las protestas sigue atorando las terminales propagandísticas de la izquierda radical. Nadie, con un mínimo de información y de sentido crítico, entiende por qué se mantienen vivas las revueltas en Chile desde que el presidente Piñera apagara su presunto pretexto –el alza del precio del metro en Santiago– con la retirada del polémico decreto. Nadie entiende por qué la violencia callejera se extendió de inmediato a otras ciudades como Valparaíso y Concepción. Y sobre todo nadie entiende por qué ha brotado precisamente ahora la ola imparable de revueltas –durante el gobierno de la derecha liberal– , cuando nadie parecía poner en duda el modelo durante los mandatos anteriores de la socialista Michelle Bachelet, que dirigió Chile entre 2006 y 2010, y entre 2014 y 2018.

El flamante recurso de la izquierda radical bolivariana, promotora de las protestas en Chile, al indigenismo con motivo del asesinato hace un año de un líder mapuche, demuestra su indigencia ideológica y la necesidad de completar el pastiche marxista de lucha de clases con la tensión entre blancos y mapuches. En Bolivia ese recurso podría tener cierta entidad, pero en Chile roza el ridículo.

La cuestión central sigue siendo, no obstante, el flagrante timo de responsabilidades. El crecimiento chileno ha caído en el último año como consecuencia del descenso de las materias primas, pero en los años del gran auge económico (la «década de oro» del 2004 al 2014) el gobierno no quiso o no supo aprovechar esa oleada de recursos para emprender las reformas necesarias; y hoy sufren las consecuencias tanto la clase media como los pobres. Fue Michelle Bachelet, y no Piñera, quien malversó esa riqueza y quien debería rendir cuentas.