Colombia emprende la regularización de 1,7 millones de inmigrantes venezolanos

El gobierno del presidente colombiano, Iván Duque , se ha llevado un aplauso cerrado de sus seguidores, de sus detractores y de la comunidad internacional al anunciar el lunes que dará estatus temporal a 1.7 millones de venezolanos que hoy viven en territorio colombiano, al menos la mitad de ellos de forma irregular. Una decisión sin precedentes en el continente, escasa en el mundo y que marca una respuesta importante al reto migratorio precisamente ahora que la Administración de Biden revisa las políticas migratorias de Estados Unidos y se espera que haga reformas profundas que traerán cambios para la región.

El tema de la migración no es nuevo en el mundo, aunque durante este año de Covid-19 pareciera encerrado y a pesar del costo humano y económico que la pandemia ha causado precisamente para las poblaciones emigrantes del planeta , que en Latinoamérica están encabezadas por venezolanos, salvadoreños y guatemaltecos, primordialmente.

La determinación de Colombia es sencilla pero de un gran impacto. Se trata de regularizar la situación de los venezolanos en el país, lo que les permite tener sus papeles al día, poder trabajar legalmente, estar afiliados al régimen de protección social y evitar la explotación laboral y el tráfico de personas a través de la frontera, cerrada hasta el 1 de marzo próximo, debido a las medidas de sanitarias derivadas de la pandemia. En contra de los crecientes temores de los colombianos por pérdida de puestos laborales y aumento de la delincuencia urbana, pero también para aplacar la xenofobia que se ha incrementado contra los venezolanos, especialmente en las zonas de frontera, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, señaló que el Estatuto Temporal de Protección a la migración venezolana lo que permite es establecer reglas de contratación igual para todos (muchas personas aprovecharon la crisis de los migrantes pagándoles sueldos menores y sin cubrir la seguridad social a la que se tienen derecho) y sacar al menos a un millón de personas de ese limbo laboral y ciudadano.

Un punto importante, a corto plazo y aclarado por Espinosa, es que este proceso no les dará la ciudadanía automática ni derechos como el voto , precisamente en un año electoral pues en 2022 se elige presidente y Congreso en el país. El Estatuto, sin embargo, tiene una vigencia de 10 años y lo que sí pretende es incorporar a esa gran fuerza laboral y social al país, generando pertenencia.

La crisis humanitaria derivada de la migración de venezolanos a Colombia ha demandado del país una inversión significativa para atender sus necesidades, ante el fracaso del modelo del régimen de Nicolás Maduro. Si bien Colombia es reconocida por su esfuerzo y generosa acogida, la realidad es que se requieren recursos adicionales de la comunidad internacional y multilateral para poder sostener estas políticas. Con el Estatuto, se busca también que quienes se sumen a esta diáspora lo hagan por los caminos regulares, que les permiten tener identidad y seguridad en el país.