Una nueva ola de violencia deja decenas de muertos en la República Centroafricana

Dos años y medio después del inicio de la crisis, prosigue la espiral de violencia en la República Centroafricana. Al menos 36 personas han fallecido y decenas han resultado heridas en los enfrentamientos comunitarios registrados en la capital del país, Bangui, desde el pasado fin de semana.

Ante el recrudecimiento de las hostilidades, la presidenta centroafricana, Catherine Samba-Panza, quien se encontraba en Nueva York asistiendo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha anunciado su regreso al país.

La violencia tiene su origen el sábado, después de que la muerte de un taxista desembocara en nuevos disturbios entre las comunidades musulmana y cristiana. De forma paralela, una masiva fuga carcelaria sumía en el caos a la prisión de Ngaraba, con cerca de 600 reos huidos.

Sin embargo, para entender el actual conflicto hay que remontarse a marzo de 2013, cuando un golpe de Estado del grupo insurgente Seleka (compuesto, en su mayoría, por mercenarios musulmanes de Sudán y Chad) provocó la salida del país del presidente François Bozizé y abrió una crisis política en el país africano. Entonces, huidos los soldados de fortuna, fueron las milicias «anti-balaka» (patrullas urbanas que se han tomado la justicia por su mano) quienes dieron la vuelta a la tortilla del crimen clamando venganza contra todo lo que es musulmán.

Ya a comienzos de 2014, Amnistía Internacional denunciaba cómo las tropas internacionales apenas podían frenar la «limpieza étnica» que se llevaba a cabo contra esta población por parte de los «anti-balaka», a las que acusó de «violentos ataques».

Entonces, entre las principales matanzas, AI documentaba un acción armada cometida el 18 de enero 2014 en Bossemptele (oeste del país), donde al menos 100 musulmanes fueron asesinados, principalmente mujeres y ancianos, entre ellos, un imán de 70 años.

Crisis también económica

El drama no fue solo humano. De forma paralela, un estudio llevado a cabo por Oxfam y Acción Contra el Hambre denunciaba que la crisis amenazaba con colapsar el sistema económico del país, tras el éxodo llevado a cabo por la población musulmana.

Por aquellos días, el misionero italiano Aurelio Gazzera, quien había salvado centenares de vidas en la ciudad de Bozoum, al noroeste, ya advertía a ABC que el aspecto económico de la crisis no debía ser subestimado: «Casi todos los comerciantes eran musulmanes y, ahora, con su partida, hay dificultades para encontrar géneros importados (aceite, sal, azúcar...), cuyos precios aumentan rápidamente. Y a cambio, los productos vendidos por la población local (yuca, maní...) pierden valor y el precio cae de forma rápida. Entonces habrá poca disponibilidad de dinero, con todas las consecuencias», aseguraba a este diario.

Ahora, el mayor desafío al que se enfrentan estas pequeñas comunidades musulmanas es la falta de seguridad. Los milicianos «anti-balaka», que violentamente expulsaron a decenas de miles de musulmanes del país el año pasado, continúan manteniendo un peso significativo. De igual modo,las comunidades que permanecen deben, implícita o explícitamente, negociar las condiciones de su existencia con el grupo armado.

Y el costo de la supervivencia para los musulmanes en estas áreas es excelso. En algunos lugares, las milicias «anti-balaka» han convertido forzosamente a los musulmanes al cristianismo, o los han puesto bajo intensa presión para ello.

Los intereses, eso sí, también son cruzados. Según denuncia Amnistía Internacional en un informe hecho público este miércoles, los principales comerciantes del país han comprado diamantes por valor de varios millones de dólares sin investigar adecuadamente si con ello están financiando a grupos armados responsables de ejecuciones sumarias, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y saqueos generalizados.

En el informe «Chains of Abuse: The global diamond supply chain and the case of the Central African Republic», se documenta diversos abusos en el sector, tales como trabajo infantil y fraude fiscal. En este sentido, las empresas de diamantes de la República Centroafricana podrían empezar en breve a exportar diamantes acumulados durante el conflicto en curso.